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Solo con un enorme esfuerzo ciudadano y una Ley General de Aguas que garantice que las decisiones se tomen con participación amplia y con transparencia, podremos abrir las puertas al futuro del agua.
No es casual que subió el valor de las acciones de Grupo México y Peñoles en cuanto se publicó esta nueva versión de la Iniciativa.
Las mineras prácticamente destriparon el marco regulatorio en materia de agua.
Nuestra Nación tiene 195.6 millones de hectáreas; de éstas, en el año 2021, el 11% (20,853,928 hectáreas) estaba concesionada para la exploración y explotación minera una extensión equivalente a la del estados de Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Tabasco y el Estado de México juntos. El número de concesiones otorgadas fue creciendo en el transcurso de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, al amparo de la Ley Minera, aprobada en 1992, junto con la Ley de Aguas Nacionales.
El autoritarismo del agua se opone a una Ley General de Aguas, porque ésta cumpliría con el mandato Constitucional de sentar las bases para la participación de la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.