NO al futuro del agua | Artículo

Imaginen el Valle de México recuperando su naturaleza lacustre, garantizando agua de calidad a través de reservorios cristalinos, sin depender de otras cuencas o de pozos ultraprofundos que hunden a la ciudad al succionar agua fósil.

Si no fuera por la férrea oposición del Director General de la Conagua, el proyecto “Habilitación del Lago Tláhuac-Xico” nos acercaría a este futuro. Este Lago podría servir como fuente segura de agua para medio millón de habitantes de Tláhuac y Valle de Chalco y a la vez pondría fin a las inundaciones crónicas sufridas ahí. Convertiría esta zona actualmente dominada por actores ilícitos en un atractivo ecoturístico metropolitano: veleros y barquitos pasearían entre aves endémicas y migratorias en un lago de 545 hectáreas en manos ejidales con sierras y volcanes de fondo.

Este proyecto está listo a ejecutar: Tiene el apoyo de las sedientas poblaciones de la zona. Cuenta con su Proyecto Ejecutivo, su Manifestación de Impacto Ambiental y $400 millones de recursos públicos reservados para su primera etapa. Cuenta con el apoyo de Sacmex y de CAEM y con el entusiasmo de la Secretaría de Hacienda que lo considera el proyecto hidráulico con mayores beneficios a menor costo que conocen. Cuenta con un terreno federal en donde iniciar su primera etapa, y con avances hacia los acuerdos requeridos con los ejidos que se beneficiarían del proyecto.

¿Por qué será que el Director General de CONAGUA haya determinado que este proyecto no se realizará?

Los dos argumentos históricamente utilizados a favor del modelo extractivista y en contra del reuso ya han sido superados. La NOM-SSA-127 prohíbe la potabilización de aguas residuales tratadas, pero resulta que al depositarse en un cuerpo de aguas nacionales, las “aguas residuales tratadas” jurídicamente se convierten en “aguas nacionales” y por lo tanto son exentas.

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Técnicamente, el proyecto Tláhuac-Xico propone tratar las aguas pluviales y residuales en cumplimiento con la NOM 001, para luego pasarlas por humedales que remocionarán a contaminantes emergentes todavía no normadas, después del cual serán “naturalizadas” por procesos de bio-oxigenación y por los rayos UV del sol, antes de su potabilización. Su calidad final no solo sobrepasará la de la NOM SSA 127, sino la de las aguas fósiles actualmente “potabilizadas” en el suroriente de la cuenca.

De hecho, por necesidad y sin apoyo federal, en todo el país se están iniciando proyectos de tratamiento, naturalización y reuso de aguas residuales: en Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara, y frente a la cancelación del trasvase del Zapotillo, en León; incluso hoy en día las aguas potabilizadas provenientes del Lago Chapala y de Valle de Bravo ya incorporan aguas residuales, tratadas y sin tratamiento. Decenas de ciudades en europa y en 13 estados norteamericanos ya dependen de aguas residuales potabilizadas; en Singapur el agua así recuperada se llama “new water.”

Otro pretexto superado se enfoca en los volúmenes concesionados a los Distritos de Riego en Hidalgo. Una parte del problema se resolverá con un reordenamiento hídrico en toda la Región XIII para corregir el caótico reparto de volúmenes en los 90s, y asegurar el acceso equitativo y sustentable con eficacia. Pero lo que más requieren los agricultores en Hidalgo es la regulación de los volúmenes que reciben. Mientras que los otros distritos de riego del país cuentan con presas que permiten liberar sus volúmenes concesionados oportunamente, los Distritos de Hidalgo son sujetos a tsunamis de aguas pluviales, los cuales crecieron en magnitud con el Emisor Oriente. Requieren que se recupere y aumente la capacidad de almacenamiento de la Cuenca de México, su “presa”, empezando con los lagos de Texcoco.

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Con estos pretextos descartados ¿cuál sería el motivo real del Director General por negar la autorización del proyecto Lago Tláhuac-Xico?

Tal vez su oposición se debe a que él y sus allegados sueñan con una crisis hídrica que ponga a la población de la Cuenca de México de rodillas, para así poder imponer nuevos trasvases multimillonarios, de Necaxa, de Valle de Mezquital, de Temazcaltepec, proyectos que traerán beneficios inmediatos para quienes los autorizan, a pesar de los exorbitantes costos sociales, ambientales y de energéticos, y a pesar de la vulnerabilidad que implica depender de fuentes externas en medio del avance de las fuerzas oscuras.

Tal vez se opone porque este proyecto, con un costo de $5 mil millones, ocuparía recursos del Fideicomiso 1928 que la Autoridad del Agua está pensando en ocupar para obras más “rentables” a sus intereses particulares. Este Fideicomiso, revivido para financiar las obras hidráulicas del ex NAICM, cuenta con $3 mil millones anuales derivados de la devolución de los derechos aportados por SACMEX y CAEM por el aprovechamiento del Sistema Cutzamala. Las decisiones tomadas ahí son discrecionales y sin revisión pública (ahí nació el mal concebido Emisor Oriente por ejemplo), y determinan en gran parte el modelo de gestión de las aguas de la Cuenca de México.

Podría ser que la Autoridad del Agua considera que el derecho humano al agua es “demagógico” y opcional, especialmente cuando se trata de las zonas populares del área metropolitana.

O tal vez el Director General de la Conagua busca bloquear como dé lugar a la corcholata que ha logrado consensar el Plan Metropolitano de Abastecimiento de Agua Potable, el cual incluye tanto el proyecto Lago Tláhuac-Xico, como también el saneamiento y potabilización de las aguas de las presas Guadalupe y Madín y la obtención de 1.5 m3/s más agua del Sistema Cutzamala al tecnificar el riego en Presa El Bosque a cambio del reconocimiento de los derechos de las comunidades ahí.

Bajo la Ley de Aguas Nacionales no podremos saber por qué el Director General se opone a la autorización de proyectos estratégicos como éste. Solo con un enorme esfuerzo ciudadano y una Ley General de Aguas que garantice que las decisiones se tomen con participación amplia y con transparencia, podremos abrir las puertas al futuro del agua.