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El periodista de investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) Iván Alamillo informó que Compranet, plataforma que transparenta todas las licitaciones públicas desde el año 2000 a la fecha, retiró todos los contratos públicos otorgados entre 2012 y 2023, cuyos montos equivalen a 5 billones de pesos.
En el primer semestre de 2024, la SFP impuso a mil 211 servidores públicos mil 266 sanciones administrativas, la mayoría de las cuales fueron inhabilitaciones (437) y suspensiones (554).
El ministro Luis María Aguilar Morales y la ministra Lenia Batres Guadarrama se confrontaron casi al finalizar la sesión de la Segunda Sala de la Corte, cuando la votación del caso ya se había agotado.
Los proveedores han sido multados con alrededor de 2 mil 66 millones de pesos y se han interpuesto 75 sanciones que incluyen inhabilitaciones.
Entre los contenidos relevantes de Aristegui en Vivo (23/09/2022) destacan Irene Levy, presidenta de Observatel, quien afirmó que no puede haber un máximo tribunal que anuncie sentencias de forma clandestina; y el periodista Iván Alamillo quien explicó que pese a que ley los obliga, David Colmenares y su hermano omitieron informar su relación durante la auditoria a Segalmex.
Denuncias han sido interpuestas por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Las carpeta de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que por el fraude en Segalmex ya hay denuncias, por lo que pedirá a la Secretaría de la Función Pública un informe al respecto. Dijo que el fraude se dio cuando un administrador invirtió recursos del organismo en una sociedad financiera, lo cual es ilegal.
El gobierno de AMLO acusó que titulares de organismos como la Cofece, Banco de México, INEGI, INE e IFT han presentado amparos para evitar que sus ingresos se ajusten a lo dispuesto por la ley.
El fallo no es absolutorio para la ex funcionaria, ya que se ordena al Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitir un nuevo fallo que podría traducirse en una inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 1 a 5 años.
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, afirmó que la acusación por ejercicio ilícito en contra de quienes perdieron el expediente de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto se hizo sabiendo que permitiría conseguir la suspensión del proceso contra los acusados. Según Cossío, si se hubiera imputado el delito de robo, el proceso no se podría haber suspendido y se habrían alcanzado condenas mayores. "El robo tiene el agravante de haberse hecho contra la nación", explicó el ministro en retiro. La falta de los expedientes dejará huecos importantes, advirtió. "Hay acciones deliberadas para mantener la impunidad", concluyó.