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Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos.
Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que los gobernadores en lugar de estar preocupados por mantener a las personas en la cárcel, deberían girar las instrucciones necesarias para generar una política de prevención y persecución del crimen. Esto, luego de que los 32 gobernadores del país firmaron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que considere no eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, aclaró en ‘Aristegui En Vivo’ que es una mentira afirmar que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide eliminar la prisión preventiva oficiosa, automáticamente se va a liberar a las personas que estén sometidas a esta medida cautelar, pues lo que ocasionaría es que las y los jueces revisen caso por caso si se justifica la aplicación de la medida o no.
Según los gobernadores, la medida se refiere a “delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves”.
Jacobo Dayán, director de CCU Tlatelolco, y Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, analizan las intenciones de las reformas planteadas a la Ley de Amnistía, así como de la defensa del actual gobierno a la prisión preventiva oficiosa.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, afirmó que es una contradicción que un gobierno que se autodefine como de izquierda defienda y profundice el uso de la prisión preventiva oficiosa, medida establecida por gobiernos anteriores. Añadió que la prisión oficiosa va en contra del lema del actual gobierno de 'primero los pobres', pues afecta en especial medida a quienes menos recursos tienen, así como a personas racializadas.
Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos.
El abogado David Peña afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que la prisión preventiva oficiosa, que está considerada en la Constitución mexicana, es violatoria a los derechos humanos, pues se debe hacer un análisis caso por caso y no aplicar un criterio 'a rajatabla'. Esto, en el contexto del anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que analizará la sentencia que emitió la CoIDH sobre el tema, derivada del caso García Rodríguez vs. México, en el que Peña participó como abogado.
El abogado David Peña afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, recibió desde hace un año la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que obliga a México a revisar caso por caso si la prisión preventiva se justifica; sin embargo, no ha presentado ninguna iniciativa para dar cumplimiento a ésta y, por el contrario, en el paquete de reformas del 5 de febrero propuso un nuevo delito más para añadirlo al catálogo.
El abogado David Peña afirmó en 'Aristegui En Vivo' que la prisión preventiva oficiosa surgió en el 2008 con carácter temporal y comenzó con 8 delitos en su catálogo, sin embargo, actualmente tiene 86 conductas delictivas e incluso se encuentra plasmado en el artículo 19 constitucional. Esto, en el contexto del anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que analizará la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que obliga a México a revisar caso por caso si la prisión preventiva se justifica. La sentencia fue en el caso García Rodríguez vs México, en el que Peña participó como abogado.