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Jacobo Dayán, director de CCU Tlatelolco, y Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, analizan las intenciones de las reformas planteadas a la Ley de Amnistía, así como de la defensa del actual gobierno a la prisión preventiva oficiosa.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, afirmó que es una contradicción que un gobierno que se autodefine como de izquierda defienda y profundice el uso de la prisión preventiva oficiosa, medida establecida por gobiernos anteriores. Añadió que la prisión oficiosa va en contra del lema del actual gobierno de 'primero los pobres', pues afecta en especial medida a quienes menos recursos tienen, así como a personas racializadas.
Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos.
El abogado David Peña afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que la prisión preventiva oficiosa, que está considerada en la Constitución mexicana, es violatoria a los derechos humanos, pues se debe hacer un análisis caso por caso y no aplicar un criterio 'a rajatabla'. Esto, en el contexto del anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que analizará la sentencia que emitió la CoIDH sobre el tema, derivada del caso García Rodríguez vs. México, en el que Peña participó como abogado.
El abogado David Peña afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, recibió desde hace un año la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que obliga a México a revisar caso por caso si la prisión preventiva se justifica; sin embargo, no ha presentado ninguna iniciativa para dar cumplimiento a ésta y, por el contrario, en el paquete de reformas del 5 de febrero propuso un nuevo delito más para añadirlo al catálogo.
El abogado David Peña afirmó en 'Aristegui En Vivo' que la prisión preventiva oficiosa surgió en el 2008 con carácter temporal y comenzó con 8 delitos en su catálogo, sin embargo, actualmente tiene 86 conductas delictivas e incluso se encuentra plasmado en el artículo 19 constitucional. Esto, en el contexto del anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que analizará la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que obliga a México a revisar caso por caso si la prisión preventiva se justifica. La sentencia fue en el caso García Rodríguez vs México, en el que Peña participó como abogado.
Cada caso se revisaría para determinar si las personas procesadas deben permanecer en la cárcel, aclara Pena Sin Culpa.
Luisa María Alcalde arremetió contra la SCJN por discutir el asunto, a raíz de una resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El experto legal destacó que hay más de 90 mil personas privadas de su libertad sin sentencia y bajo prisión preventiva oficiosa en México.
Simon Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, dijo en 'Aristegui en Vivo' que México solo se ha enfocado la capacitación para atender las recomendaciones que ha recibido sobre las detenciones arbitrarias y que se han quedado estancadas las reformas legales y constitucionales. 'No encontramos incentivos políticos' para que el presidente de la República o el Congreso de la Unión" inicien los procesos necesarios. Además, destacó que existe una preocupación sobre 90 mil personas detenidas sin haber recibido una sentencia en centros de reclusión del país.