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El constitucionalista de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero Ochoa, respondió así a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que eliminar la prisión preventiva oficiosa daría pie a la corrupción de jueces y los pondría en peligro ante la delincuencia organizada.
El académico de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero Ochoa, explicó en Aristegui en Vivo los alcances de la SCNJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre sus proyectos para eliminar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, lo cual ya ha generado alerta en el gobierno federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proyecto de la Corte que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa favorecerá a delincuentes de cuello blanco y a criminales de bandas organizadas. AMLO recordó el caso de “La Vaca”, que no fue vinculado a proceso por un juez de control a pesar de ser uno de los máximos generadores de violencia en Colima.
En la SCJN no se pudo resolver el destino de la controversia constitucional promovida por FGR contra el tribunal electoral por un empate, en tanto la FGR no se ha manifestado por la denuncia que el propio Pío presentó contra Ortiz Pinchetti.
El académico y periodista Ricardo Raphael consideró que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la política de "abrazos, no balazos", del presidente López Obrador.
Daniel García Rodríguez, quien permaneció más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, explicó que desde 2004 hay observaciones de organismos internacionales sobre su caso y el de su coacusado, Reyes Alpízar. Apuntó que la admisión del caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que lo resolverá este viernes, es una muestra de “cómo se han escandalizado" las instancias internacionales con figuras como las del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
Siete mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, llevan de 4 a 8 años sin sentencia, incriminados por homicidio en grado de tentativa por la ex legisladora morenista Elisa Zepeda Lagunas.
En entrevista con Aristegui Noticias, el abogado Sandino Rivero, quien en 2013 interpuso un amparo que la Corte resolvió apenas ayer sobre la desaparición forzada en Oaxaca de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, explicó que el fallo sienta un precedente en casos de violaciones graves de derechos humanos, pues faculta a jueces y a juezas a emitir sentencias sobre reparación integral del daño.
El abogado Sandino Rivero informó que en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la Corte validó el criterio de estándar de prueba atenuado para acreditar la desaparición forzada, es decir, que la violación grave de derechos humanos se puede demostrar con pruebas indirectas, además de que da facultades a la Comisión Nacional de Búsqueda para encabezar y coordinar investigaciones en este caso.
El 30 de junio, en una votación de 5 a 4 entre los nueve magistrados de la Corte Suprema de EU determinó que se puede anular el programa 'Quédate en México' instrumentado por el expresidente Donald Trump. El periodista Jesús Esquivel detalló que con esta decisión, la Corte da luz verde al actual presidente Joe Biden para cumplir una de sus promesas de campaña. Recordó que durante el gobierno de Trump, por las acciones antimigratorias que instrumentó, tomaba de seis meses hasta cinco años recibir una respuesta a las solicitudes de asilo. La decisión de la Corte tomó por sorpresa a los conservadores, dijo.