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Tras dos días de debate, el Pleno de la Suprema Corte deberá votar el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar para inaplicar el artículo 19 constitucional que impone la prisión preventiva oficiosa, estas son las posturas de los 11 ministros que definirán el futuro de esta medida cautelar.
El litigante, quien representa a Daniel García y Reyes Alpízar ante la CoIDH por 17 años en prisión preventiva, consideró que el presidente y su gobierno han difundido información parcial e incompleta en la mañanera para hacer presión a la Corte.
Participación íntegra del ministro en retiro sobre el debate en la SCJN y la CoIDH acerca de la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa.
El presidente López Obrador aseguró que tuvo la oportunidad de proponer a los ministros de la Corte, pero dijo que se “equivocó” porque “una vez que propuse, por el cargo o porque cambiaron de parecer, no están pensando en el proceso de transformación y actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.
El presidente del Consejo Directivo de la CIRT, José Antonio García Herrera, desestimó las especulaciones que acusan que la Corte no incluyó toda la información sobre su sentencia en una nota aclaratoria que no aparece en su página web. Herrera dijo que es un procedimiento normal y destacó que la Suprema Corte ya resolvió el asunto importante, que era invalidar las reformas de 2017. Aplaudió también que la decisión impida que se aplique la Ley de 2014, pues viola los derechos de libertad de expresión y de información. Dijo que en el engrose de las sentencias tocará particularidades, como darle un plazo al Congreso y confirmar qué ley entrará en vigencia mientras legisla el Congreso.
La presidenta de Observatel, Irene Levy, criticó que la Corte haya dado información incompleta, pues en una nota aclaratoria que distribuyó, pero que no se encuentra en el sitio web, no informó que la SCJN ordenó al Congreso legislar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de que invalidó las reformas de 2017. Levy explicó que la CIRT fue la que agregó esta información.
Irene Levy, presidenta de Observatel, consideró que la derogación de las reformas de 2017 a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es regresiva, pues elimina derechos fundamentales de las audiencias. La experta señaló que al no poner en vigor la versión anterior de 2014 y no establecer un plazo para que el Congreso legisle en la materia, se están eliminando también los derechos de las audiencias.
Ante la polémica por la nota aclaratoria de la Corte sobre la invalidación de las reformas de 2017 a la Ley de Telecomunicaciones, el presidente del consejo directivo de la CIRT, José Antonio Herrera, consideró que no necesariamente se tienen que tocar todos los puntos de las sentencias de la Corte, pues para eso existe el mecanismo del engrose. Herrera confió en que en el engrose se aclaren todos los cabos sueltos, como la ley que aplicará mientras el Congreso legisla en la materia.
El incremento de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa ha representado el crecimiento en el número de personas que permanecen en las cárceles sin que se determine si fueron o no culpables. En 2015 el Consejo de la Judicatura registró 141 casos a los que se les emitió esta medida cautelar, para 2019 se amplió el catálogo de delitos y con ello en 3 años se registraron 20 mil 342 casos, lo que resulta 33,376 casos del 2015 a febrero del 2022.
El ministro en retiro José Ramón Cossío explicó en Aristegui en Vivo los alcances de la eventual eliminación de la prisión preventiva oficiosa, pero explicó que su eventual desaparición no implica que se vaya a liberar a delincuentes en las calles, como se ha querido asegurar de manera falsa.