Desde cualquier medio, periodismo en libertad
Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.
Coincido con quienes piensan que en la decisión que habremos de tomar el 2 de junio están en disputa dos proyectos de nación contrapuestos, representados por Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
El fin último de la política social del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar que existan los “mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza”.
Lo que ofrece Sheinbaum si llega a la presidencia de la república contrasta con lo que hizo durante su administración en la Ciudad de México.
Más grave aún, que cree que él está por encima del Estado y que la división de poderes, el principio de legalidad, el debido proceso, los derechos humanos y el Estado de derecho están subordinados a él, escribe Rogelio Muñiz Toledo.
Durante la administración de Claudia Sheinbaum el desdén de la Jefa de Gobierno a la Constitución de la Ciudad de México alcanzó niveles que no debieron ser tolerados por el Congreso local. Para decirlo en pocas palabras, Sheinbaum gobernó sin la Constitución local.
Con su paquete de iniciativas de reforma constitucional y legal el presidente Andrés Manuel López Obrador busca destruir, en 3 meses, lo que a las y los mexicanos nos costó 30 años construir: la democracia constitucional.
Sea mediante la convocatoria a un constituyente, o con la aprobación de un paquete de reformas constitucionales como tarea prioritaria de los legisladores que se elegirán el 2 de junio, es necesario introducir al texto constitucional una carta social que contenga todos los derechos sociales.
Muñiz Toledo explica la adaptación del término "dedazo" en la 4T de Andrés Manuel López Obrador, y expone cómo fue usado por el PRI en los 80s y 90s.
Los embates de la 4T al poder judicial y a la Suprema Corte han venido de los poderes legislativo y ejecutivo y de la dirigencia nacional de Morena y es evidente que buscan demoler al poder judicial y apropiarse de la función judicial del Estado mexicano.
Para contar con elementos para observar las tendencias en el reclutamiento de aspirantes y en la formación de una clase política local, se consideraron 16 aspirantes: siete de Morena, cuatro del PAN, dos del PRI, dos del PRD y uno de MC.