La ministra Lenia Batres y el discurso de la 4T: Rogelio Muñiz Toledo

Por Rogelio Muñiz Toledo

“El derecho y la política suelen caminar
muy aparejados. El uno resuelve los
problemas de la otra, usando para ello
los instrumentos que ella misma le da“

Olga Sánchez Cordero Dávila *

Aunque parezca increíble sí es posible encontrar una buena noticia con la llegada de Lenia Batres Guadarrama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de 2024 el máximo tribunal del país está integrado por cinco mujeres y seis hombres. Muy cerca de superar el umbral de la paridad, como ella misma lo señaló en su discurso de investidura.

La mala noticia es que este hecho relevante para el cambio del régimen político quedó ensombrecido por el proceso que dio lugar al mismo. Conforme al escalonamiento en los nombramientos de las y los integrantes de la Suprema Corte, al presidente López Obrador le correspondía intervenir en tres designaciones. Hasta ahora lo ha hecho en cinco nombramientos debido a que dos ministros salieron de la Corte anticipadamente sin que se clarificaran las causas graves que justificaban la aceptación de su renuncia por el poder ejecutivo y su aprobación por el Senado.

El caso de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar y la designación de la ministra Lenia Batres generó mayor controversia que el de la renuncia del ministro Medina Mora al inicio del gobierno del presidente López Obrador, en octubre de 2019, y la designación por el Senado de su sucesora. La anticipada salida de la Corte del ahora ministro en retiro Zaldívar se interpretó como un hecho vinculado al proceso electoral en curso debido a su inmediata incorporación al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum, con lo que concretaba su propósito de sumarse a la “consolidación de la transformación en México”, señalado en su renuncia como uno de los motivos de esta.

Arturo Zaldívar.

La decisión de Zaldívar fue ampliamente cuestionada no solo porque implicó adelantar una designación que le habría de corresponder a la próxima presidenta de México. Con su renuncia un año antes de concluir su periodo, la designación quedó en manos del presidente López Obrador. Las críticas se acrecentaron por su incorporación al equipo de la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum y porque la decisión la tomó, por decir lo menos, sin cuidar las formas y fuera de los tiempos apropiados.

Incluso el anuncio de la incorporación de Zaldívar a la precampaña de la aspirante de Morena a la presidencia de la república motivó que se interpusieran dos denuncias ante el INE en contra de él, de la propia Sheinbaum y de Morena -una de ellas presentada por Xóchitl Gálvez- y que el asunto llegara a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En mi opinión, son razonables las críticas a Zaldívar por su poco ortodoxo paso del máximo tribunal del país a la campaña electoral de la candidata presidencial del partido en el poder.

No debiera descartarse que desde su espacio en el proyecto del “segundo piso de la 4T” (Sheinbaum dixit), Zaldívar intentara su regreso a la presidencia de la Corte vía la reforma constitucional relativa al poder judicial que ha anunciado el presidente López Obrador y que ha hecho suya la candidata Sheinbaum, y de la que él podría ser el principal artífice y eventual beneficiario, si la misma le abriera la puerta para regresar al máximo tribunal, algo que solo él sabe si estaría en sus planes, pero que sería posible.

No hay que perder de vista que en diciembre del año pasado López Obrador dijo que él está a favor de que “no se elimine a nadie”, que incluso las y los actuales integrantes de la Corte puedan participar en la elección de las y los ministros en caso de aprobarse su propuesta; de ser así, Zaldívar estaría en posibilidad de presentarse como candidato.

La designación de la ahora ministra Lenia Batres ha sido ampliamente cuestionada no solo por su trayectoria política, por su militancia y sus vínculos políticos con Morena y porque pasó directamente de trabajar en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal a la Suprema Corte. Por si esto fuera poco, al no haberse alcanzado los acuerdos en el Senado para que fuera éste quien nombrara a quien habría de sustituir a Zaldívar, Lenia Batres es la primera integrante de la Corte que es designada directamente por el presidente de la república.

En mi opinión, si bien lo primero pone en duda la idoneidad para ocupar el cargo, lo segundo no le resta legitimidad de origen porque su nombramiento fue hecho conforme a las facultades constitucionales del presidente López Obrador. Sin embargo, me parece que esto último es un hándicap que la ministra tendría que superar con los resultados de su desempeño para mantener la legitimidad en el ejercicio del cargo.

En su primer discurso oficial la ministra Lenia Batres dijo que para ella es un “enorme halago” que le digan “ministra del pueblo”. No veo por qué no podría serlo, aunque convendría saber qué opina de que le digan “ministra de la 4T” o “ministra del presidente”, como lo han hecho varios periodistas y articulistas. Por el contenido de su discurso de investidura, mi opinión es que tal vez también se sienta halagada.

En la sesión del Pleno en la que la presidenta de la Suprema Corte le impuso la “toga magisterial” que, como señaló la ministra Norma Piña, “por decreto del Congreso de la Unión del ocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno, corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las Salas, así como a los actos solemnes”, la ministra Lenia Batres no dejó lugar a dudas. El contenido de su discurso es plenamente coincidente con el de la 4T en relación con la función del poder judicial y con el papel de la Suprema Corte en el Estado mexicano.

En toda democracia constitucional el poder controla al poder y la Suprema Corte tiene como función primordial garantizar el principio de supremacía constitucional.

En ejercicio de esa facultad no solo revisa la constitucionalidad de los actos de las autoridades sino la de las leyes; en este último caso, también debe revisar la constitucionalidad en el proceso para su elaboración y aprobación, es decir, el respeto al procedimiento parlamentario.

Por eso, se podía esperar que la ministra que se incorporaba a la Suprema Corte hablara, a partir de criterios jurídicos y no políticos, de la división de poderes, de los mecanismos de colaboración y de control entre estos, así como del diseño institucional que permite la existencia de la democracia constitucional y la garantía de los derechos, sin que esto implique desconocer que, como señaló el doctor Héctor Fix Fierro, aunque el poder de los tribunales “globalmente es político”, debe ser ejercido de “manera apolítica en cada caso individual”. Poco de esto podemos encontrar en la intervención de la ministra Lenia Batres.

En mi opinión, el discurso de investidura de la ministra Lenia Batres fija más una posición política que jurídica o constitucional. Posición que, además, es coincidente con las declaraciones del presidente de la república, de su exsecretario de Gobernación y de los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión y del dirigente nacional del partido en el poder. En ese discurso, la ministra Lenia Batres dijo: “Tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas que, incluso, involucran afectaciones al orden público y al interés social, como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales”

Ministra Lenia Batres.

Además, la ministra Lenia Batres señaló al Poder Judicial por, según su interpretación, no estar cumpliendo con lo que señala el artículo 17 constitucional que ordena “privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales” y a la Suprema Corte porque, según su opinión, “se ha extralimitado”, ha ejercido “poderes que están expresamente vedados en la ley”, ha creado instancias “que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos” y se ha “adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión”.

La ministra Lenia Batres sintetizó su visión de la Corte en dos frases: “No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte” y “La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales”. Aunque señaló que “la insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista“; en mi opinión, su diagnóstico y su discurso son plenamente coincidentes con la prédica y el proyecto de la 4T en relación con el poder judicial y la Suprema Corte.

Los embates de la 4T al poder judicial y a la Suprema Corte han venido de los poderes legislativo y ejecutivo y de la dirigencia nacional de Morena y es evidente que buscan demoler al poder judicial y apropiarse de la función judicial del Estado mexicano.

Desde 2019 quien fuera el coordinador de los senadores de Morena -y que ha vuelto a serlo de facto-, Ricardo Monreal, ha señalado reiteradamente a la Suprema Corte porque se ha “extralimitado” y ha insistido en que es necesario ponerle un límite al Poder Judicial y a la Corte en su carácter de Tribunal Constitucional. El coordinador de los diputados federales del partido mayoritario, Ignacio Mier, ha acusado al Poder Judicial -en particular a la Suprema Corte- de incurrir en “excesos, despilfarro, dispendio y abuso”. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha señalado que “la Corte está absolutamente del lado conservador”.

Desde el poder ejecutivo, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha dicho que las y los ministros que votaron por invalidar el Plan B del presidente “pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”. Y la joya de la corona: el presidente López Obrador ha acusado a los integrantes de la Suprema Corte de violar la constitución y de “querer dar un golpe de Estado (técnico) neutralizando al ejecutivo”.

Esos son los dichos y los hechos. Con sus proyectos de sentencia, sus intervenciones y votaciones en el Pleno y en la Sala en la que se encuentre adscrita -ya no solo en sus discursos, declaraciones y publicaciones en redes sociales- veremos que tanto las decisiones de la ministra Lenia Batres y las acciones de la 4T -y del “segundo piso de la 4T” si Claudia Sheinbaum se convierte en la próxima presidenta de México- se corresponden.

* La doctora Olga Sánchez Cordero Dávila es senadora por Morena
y ministra en retiro de la SCJN. Fue secretaria de Gobernación al
inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
y diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México