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Ante el alza en la inflación, el Gobierno de México echó a andar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Licuar acciones de asistencialismo a la tribu yaqui a cambio de que se acepte la imposición ilegal de una obra es como querer homogeneizar el agua con el aceite, señala Alberto Vizcarra Ozuna.
Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, cuyos investigadores les siguen, cada quien por su cuenta, las huellas desde hace años. Los hermanos, de acuerdo con información y documentos oficiales, han incursionado en un área hasta ahora desconocida en México: la de encabezar un complejo consorcio de más de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de negocio último es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia ilícita para personas u organizaciones que lo requieran. Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa.
Desde comienzos del 2020, las bandas armadas siembran el terror en el país caribeño. Alentadas por la impunidad y sus relaciones privilegiadas con las autoridades, las pandillas triplicaron los secuestros el año pasado, a pesar de la pandemia, en barrios populares de la capital.
De acuerdo con una fuente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la banda está involucrada con operaciones ilícitas por 240 millones de dólares al año a nivel global, cifra similar a la que reveló la investigación periodística que destapó la trama.
Con una caída de 7.6% de la economía, el país se encamina a una crisis de empleo sin precedentes, señala el banco suizo.
A dos años de haberse implementado el Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada solo ha logrado resolver el 20% de las 442 denuncias interpuestas. Autoridades aseguran que ellos no se miden por la cantidad sino por la calidad de las investigaciones.
Más de 3 mil campesinos que cosechan maíz y sorgo en el municipio de Juchitán, incluyendo a sus agencias municipales (La Venta, La Ventosa, Álvaro Obregón, Ejido Charis y Ejido Zapata), exigen a las autoridades el pago de siniestro agrícola correspondiente al año 2017 que equivale a 2 millones 100 mil pesos.
La politóloga y el académico Sergio Aguayo analizaron en #AristeguiEnVivo el desarrollo de las campañas por la Presidencia, a 20 días de la elección.