Eliminar prisión preventiva vulnera la división de poderes en México: Diputados de Morena

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados señaló este miércoles, en relación a la posible desaparición de la prisión preventiva, que desaplicar una parte del artículo 19 de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulneraría la división de poderes y afectaría los intereses públicos fundamentales de las institucionales republicanas del Estado mexicano

Este próximo 5 de septiembre el pleno de la Suprema Corte debatirá sobre los dos proyectos relativos a la prisión preventiva oficiosa planteados por el ministro Luis María Aguilar y de la ministra Norma Lucía Piña.

En un comunicado los legisladores de Morena subrayaron que la prisión preventiva es una medida que puede afectar los derechos humanos. Sin embargo, en muchos casos, es necesario que los delincuentes más peligrosos estén recluidos durante su enjuiciamiento para proteger a la víctima, los testigos, o para asegurar la investigación misma.

En días anteriores la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno de México eliminar la prisión preventiva en el país, e incluso comenzó el análisis de un expediente que enjuicia al Estado Mexicano.

Para los legisladores de Morena estas resoluciones “son atendibles, pero nunca un tratado internacional estaría por encima de nuestra Constitución, que tiene primacía por mandato del artículo 133″.

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“A la nación corresponde resolver lo anterior. Pero debe hacerlo en el seno del Congreso mexicano, que junto con las legislaturas de las entidades federativas, es el poder único que puede modifica la Constitución”.

Ese poder único es el Constituyente Permanente, del cual no forma parte el Poder Judicial de Federal, señalan en el documento los legisladores morenistas.

Esto, añade, sería un atentado al Estado de derecho; equivaldría a una violación directa de la Constitución, cuya preservación está resguardada en el artículo 135.

Todos los argumentos y consideraciones que estén en la atención de los altos jueces, bien podrán desahogarse en las instancias legislativas donde se expresa legítimamente la soberanía popular, finaliza el documento.