El padrón de usuarios de telefonía y la “máquina desnudadora” | Artículo

Antonio Salgado Borge

Las empresas de telecomunicaciones en México deberán empezar a recopilar la información biométrica de sus usuarios, incluyendo sus iris y sus huellas dactilares. También recabarán otros datos sensibles, como el número de identificación con fotografía del usuario de la línea.

De acuerdo con los legisladores que aprobaron el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la creación de este registro se justifica con el fin de limitar actividades delincuenciales por vía telefónica, particularmente la extorsión.

Pero lo aprobado por el pleno del Senado en días pasados es un adefesio sin pies ni cabeza; un despropósito que es insuficiente, innecesario, inconstitucional y peligroso.

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Es relativamente sencillo mostrar que la idea de que el uso de esta tecnología será suficiente para reducir las extorsiones es un sinsentido. Tal como ha afirmado la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, sería de una ingenuidad enorme suponer que un individuo aportará sus datos a este registro para luego utilizar el teléfono que ha registrado para cometer crímenes.

Y es que resulta evidente que las únicas personas que aportarían sus datos al registro aprobado por el Senado serían quienes utilicen su teléfono registrado de forma legal. Un individuo que desee cometer extorsiones por vía telefónica tiene una amplia gama de opciones sobre la mesa que evitan el control del registro. Por ejemplo, puede comprar tarjetas sim en el extranjero, clonar tarjetas o utilizar servicios como Skype.

Dado que quienes cometen el delito de extorsión pueden con toda facilidad utilizar otros medios que continúan abiertos para seguir delinquiendo, incluidos algunos que no pueden ser cerrados -como Skype-, apostar a un proyecto masivo, complicado y costoso como el padrón que cuando mucho sirve para cerrar una sola vía constituye un despropósito catedralicio.

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Pero aceptemos, para fines analíticos, que el padrón sí es suficiente para detener las extorsiones, como alegan en ocasiones quienes apoyan este proyecto. El problema es que de esta aceptación no se sigue que el registro de datos sensibles aprobado por el Senado sea necesario.

Para ver por qué, vale la pena notar que la idea de que para proteger la seguridad es necesario sacrificar la privacidad no tiene fundamento. Un ejemplo ayuda a ilustrar este punto. En 2002, la Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense tuvo la opción de elegir entre dos tipos de tecnología para efectuar revisiones a pasajeros en aeropuertos.

Una de las opciones era una máquina que revelaba imágenes gráficas del cuerpo desnudo de los pasajeros; mientras que la otra, proyectaba una figura del cuerpo humano borrosa y sin detalle alguno sobre la cual aparecían unas flechas señalando las áreas sobre las cuales era recomendable revisar con más detalle.

Siendo que las dos máquinas ofrecían exactamente el mismo nivel de eficacia, el sentido de la selección se antojaba más que obvio; sin embargo, la balanza se inclinó finalmente por la “máquina desnudadora”.

Dos lecciones se despenden de este caso. La primera es que normalmente es posible encontrar alternativas funcionales en términos de seguridad que no impliquen sacrificios en la privacidad. La segunda es que los gobiernos suelen, convenientemente, descartar estas alternativas, pues recurrir al pretexto de la seguridad les permite pisotear derechos y libertades a los que, de otra forma, la gente no estaría dispuesta a renunciar -algo sabe de esto Felipe Calderón-.

Pero hagamos aquí un nuevo favor a quienes defienden lo aprobado por el Senado y supongamos que no sólo el registro es suficiente en el papel para detener las extorsiones, sino que también es necesario; es decir, que se han revisado y analizado opciones exhaustivamente, y que el registro es la única posibilidad de lograr esta meta.

Notemos que, aun si lo anterior es cierto, de ello no se sigue que el registro vaya a funcionar sin consecuencias negativas en la práctica. Es fácil ver por qué. Existen evidencias sobradas de que México no ha contado, ni cuenta actualmente, con las condiciones para garantizar que los datos recabados no vayan a ser mal utilizados por empresas privadas o sus empleados.

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También hay evidencias de que los gobiernos mexicanos están hambrientos de este tipo de datos. Y es que distintas dependencias en nuestro país han figurado entre las listas de principales clientes de software de espionaje. Apenas esta semana, el periódico El País dio a conocer que la FGR de Alejandro Gertz Manero ha adquirido tecnología para estos efectos.

Esto significa que, si todo permanece constante, los datos de aquellas personas a quienes supuestamente se protegerá terminarían eventualmente en manos de empleados del gobierno o de empresas privadas. Y que, por extensión, podrían llegar fácilmente a los mismos extorsionadores de quienes en teoría han quedado protegidas al estar registradas.

No obstante, seamos generosos y ofrezcamos una última concesión a quienes defienden lo aprobado por el Senado. Supongamos que el registro es suficiente en el papel para detener las extorsiones, que es necesario y que, por alguna suerte de fluctuación cuántica, en México se materializan de un día para otro las condiciones para proteger los datos aportados a este registro.

El problema es que incluso si concedemos todo lo anterior, de ello no se deriva que el registro sea legal o que no viole la Constitución. De acuerdo con distintos especialistas en la materia, el concepto mismo del registro viola principios básicos como la presunción de inocencia.

Quienes apoyan incondicionalmente a Morena o al Presidente pueden presentar un último argumento a favor de su causa: alegar que, a pesar de lo anterior, la 4T nunca ha tenido la intención hacer mal uso de esta herramienta; que estamos ante un genuino intento de poner orden con el fin de hacer frente a la delincuencia.

El problema es que, sin importar intenciones, la 4T concluirá y eventualmente, ya sea a mediano o a largo plazo, la oposición regresará al poder. Y es difícil suponer que los legisladores de Morena y los seguidores de AMLO se sentirían tranquilos si gobernantes como Felipe Calderón o Carlos Salinas tuviesen en sus manos y pudiesen acceder, sin orden judicial, a un registro de esta naturaleza.

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En consecuencia, el registro aprobado por el Senado es, en un sentido, como la “máquina desnudadora” que funcionó en Estados Unidos después de los atentados de 2001: un armatoste innecesario e insuficiente.

Pero, en otro sentido, el registro del Senado es mucho peor que la “máquina desnudadora”.

Y lo es porque la combinación entre datos biométricos y los datos que almacenan los teléfonos móviles permite conocer a las personas con un nivel de intimidad mayor que la que implica ver sus cuerpos desnudos. Además, la colección de datos que serán recopilados abre la puerta a que un gobierno, presente o futuro, cuente con una herramienta poderosísima para vigilar, controlar y reprimir a los usuarios de telefonía móvil.

El padrón aprobado por los legisladores de Morena, por ende, no sólo es innecesario e insuficiente para detener la extorsión telefónica. Este padrón es también un muy mal negocio para quienes integran el universo de potenciales víctimas de extorsión telefónica, que terminarían exponiendo su privacidad y que estarían en riesgo de ser vigiladas y, paradójicamente, extorsionadas.

No sorprende entonces que, confrontados con las opciones de pasar por los engranes del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o atravesar una “máquina desnudadora”, haya quienes optaríamos, sin dudar, por atravesar la máquina.

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