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La Sección 702 es una ley federal estadounidense que permite a las agencias de inteligencia recopilar información de los usuarios sin una orden judicial.
La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo.
El presidente estadounidense elogió de inmediato la gestión de Gabbard al frente de la DNI.
La Unidad de Combate a la Impunidad logró acreditar que la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez, y el exjefe de la División de Inteligencia, Damián Canales, incurrieron en “faltas administrativas graves”
El caso evidencia la dificultad sistémica para que las investigaciones sobre espionaje avancen en México, afirmó Leopoldo Maldonado.
La organización ARTICLE 19 recordó que los decretos impugnados "crean un andamiaje legal que permite vigilancia sin controles democráticos ni mecanismos de rendición de cuentas".
En entrevista para Aristegui en Vivo, Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, calificó como una “reivindicación” la sentencia de la Corte que ordena retirar menciones sobre él en libros de texto, donde fue comparado “ridícula y desproporcionadamente” con genocidios como el Holocausto. Denunció que su conversación fue obtenida ilegalmente y que la información difundida fue “incompleta y sesgada”, además de omitir su disculpa pública.
El Tribunal ratificó que el nombre, domicilio, llamadas y mensajes entrantes y salientes, así como la ubicación del teléfono, están protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.
El contrato lo otorgó su administración a través de “Air Cap SA de CV”, una compañía que el SAT acaba de declarar “fantasma” y que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones directas por mil millones de pesos con gobiernos del PRI, incluida la venta del malware espía Pegasus; la administración de AMLO terminó de pagarle a la empresa, la mantuvo en su padrón de contratistas y le envió invitaciones para cotizar distintos servicios