La transición: población con alguna discapacidad | Artículo de Roberto Vélez Grajales

En el numeral 16 de los 100 pasos para la transformación, de la virtual  presidenta electa, Claudia Sheibaum, se dice que se garantizará el apoyo para la población con discapacidad. Lo anterior se asocia con el programa gubernamental vigente llamado «Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente». Sin embargo, las necesidades de la población con alguna discapacidad resultan mucho más amplias. De hecho, el problema central que enfrentan es el de la inclusión en los distintos ámbitos de la vida, con lo cual sus posibilidades de espacio de elección y realización se ven limitadas. Cabe señalar que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la población con discapacidad representa alrededor del 5 por ciento del total, es decir, un poco más de seis millones de personas.

Entre un conjunto de recomendaciones en el marco de la campaña electoral y el proceso de transición, el CEEY ha lanzado una propuesta específica para el mercado laboral. En ella se plasma que, para ampliar las opciones de movilidad social, hay que eliminar las prácticas discriminatorias mediante una regulación específica. Aunque esto no resuelve por completo el problema, la población con alguna discapacidad, sin duda, se vería beneficiada.

Pero ¿qué pasa con la movilidad social de la población con alguna discapacidad? Para saber más al respecto, en conjunto con mis colegas Rafael Pineda y Luis Monroy-Gómez-Franco, hemos generado una base de datos a partir de los de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) y los de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-EMOVI) que el CEEY levantó en ese mismo año. Los resultados preliminares arrojan que la frecuencia con la cual la población con alguna discapacidad que nació y creció en el más bajo de cinco peldaños de la escalera social se mantiene ahí resulta muy similar a la del resto de la población (47 y 49 por ciento, respectivamente). Sin embargo, desde esa misma posición de origen, lo que más resalta es que la población con alguna discapacidad tiene una probabilidad más de tres veces menor que el resto de la población de recorrer hacia arriba toda la escalera social (1.7 contra 5.6 por ciento).

Los resultados para la población con origen en el peldaño más alto de la escalera social esclarecen todavía más la magnitud del problema. Además de que la población con alguna discapacidad tiene menos posibilidades de mantenerse en dicho peldaño (40 por ciento contra 56 del resto), la frecuencia con la que cae hasta la parte más baja resulta de más del doble (7.9 contra 3.6 por ciento del resto). Estos dos últimos resultados sugieren que incluso los hogares con mayor capacidad económica no logran contrarrestar por sí solos la vulnerabilidad que enfrenta la población con alguna discapacidad.

Se podría llegar a pensar que los resultados se explican porque realizan un menor esfuerzo, o incluso porque tienen una menor capacidad. Pero para rebatir este argumento consideremos a una población particular que se caracteriza por haber superado a sus padres en tres niveles educativos. Es decir, se trata de personas a las cuales no se les puede desestimar ni el esfuerzo ni la capacidad en el logro educativo. Si nos concentramos en aquellas que nacieron en la parte más baja de la escalera social, resulta que una proporción significativamente menor de quienes pertenecen a la población con alguna discapacidad lograron superar la condición de pobreza (27 por ciento contra 44 del resto). Ante esto, no nos queda de otra que colocar a la desigualdad de trato entre los primeros sospechosos de esta diferencia de logro socioeconómico.

Hace unas semanas me invitaron a participar en un foro de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE). De las presentaciones que ahí escuché, se infiere la necesidad de generar mecanismos de inclusión que involucren y comprometan a todos los actores de la sociedad. Los datos estadísticos que aquí reporto me confirman que no se trata de un problema acotado a ciertos sectores o espacios de realización de las personas, sino que, en todo caso, lo que existe son excepciones de acción que tratan de resolver el problema. Si se establece una regulación para eliminar las prácticas discriminatorias en la inserción y el avance en la trayectoria laboral de las personas, el Estado mexicano, a través del nuevo gobierno federal, daría un gran paso para impulsar la movilidad social de toda una diversidad de personas, entre las que se encuentra la población con alguna discapacidad.

* Roberto Vélez Grajales es Director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).  @robertovelezg