Pemex recupera más de 930 millones de dólares tras combatir ‘contratos leoninos’

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, exhibió diversos casos de corrupción que fueron detectados al interior de la empresa pública, logrando recuperar más de 930 millones de dólares tras renegociar e invalidar “contratos leoninos” otorgados en sexenios anteriores.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes, el director dio a conocer los contratos y denuncias que se presentaron por corrupción, así como los recursos que se han obtenido.

Denunció que, bajo el argumento de un desarrollo de gas en el norte del país, en 2008 Pemex celebró un contrato con Ductos del Altiplano, sobre un ducto de 300 kilómetros para transportar gas LP.

En el contrato, que tenía una vigencia de 20 años hasta concluir en en 2028, se pactó una tarifa que implicaba pagar siempre, sin importar si se utilizara o no el ducto.

Por lo tanto, la petrolera estatal pagó a la empresa entre 2010 y 2019 un total de 383 millones de dólares “por un ducto que nunca utilizó”, señaló Romero.

No obstante, la actual administración “detectó la situación”, se suspendió inmediatamente el pago, se presentaron las denuncias correspondientes y se notificó a la empresa la intención de concluir el contrato, iniciando diversas reuniones para ello.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2020 se firmó un convenio de terminación anticipada y el finiquito respectivo, sin pago alguno.

Además de la conclusión del contrato, Ductos del Altiplano aceptó que no se le pagaran 55 millones de dólares que se le debían de las tarifas mensuales suspendidas y renunció a 244 millones de dólares que implicaba la terminación anticipada.

“Se logró un total de 299 millones de dólares a favor de PEMEX”, celebró Romero.

A esto se suma el caso de Trafigura, empresa con la cual Petróleos Mexicanos celebró diversos contratos en 2015 para que la compañía construyera una planta dentro del Complejo Procesador de Gas Burgos.

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Los contratos “tenían condiciones desventajosas” para la petrolera estatal, denunció Romero, entre las que se encuentran:

– Se les proporcionó de manera gratuita el espacio para construir.
– Venderle materia prima por debajo del precio del mercado
– La posibilidad de descuentos por barril.
– Pemex le compraría productos finales a sobreprecio.
– Las penalizaciones eran sólo para Pemex si no cumplía con los volúmenes de materia prima comprometidos o con la compra de sus productos.

No obstante, esta Administración “detectó el problema cuando estaba a punto de iniciar la vigencia”, por lo que “logró detener el contrato mediante acciones legales y se obligó a la empresa a renegociar”, dijo.

Por lo tanto, los nuevos términos establecen precios de venta conforme al mercado, un volumen a suministrar conforme a disponibilidad, “penalizaciones equilibradas”, quitan la posibilidad de descuentos y se eliminó la jurisdicción de tribunales y leyes extranjeras, mientras que se les rentó el terreno donde se construyó su planta.

En cuanto a los contratos firmados en 2010 con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, Romero denunció que se exigía suministrarle a la empresa 66 mil barriles diarios de Etano por 35 años, un suministro que no estaba dentro de las capacidades de la petrolera estatal.

Además, se vendía al 70% del precio de referencia internacional, mientras que Pemex absorbía el 30% restante y pagaba el 100% del costo del transporte, es decir, subsidiaba transporte y precio, dijo Romero.

De 2015 a 2018 se pagaron 2 mil 813 millones de pesos de multas y penalizaciones por no cumplir con el volumen pactado, ya que la petrolera no tenía las capacidades.

“Las penalizaciones eran completamente desproporcionadas: para PEMEX eran del 200% y para Braskem Idesa del 30%”, dijo Romero.

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En esta administración se suspendió el pago de penalizaciones, se llevó a cabo acciones legales, denuncias penales y administrativas, y se impidió la renovación del transporte de gas a Braskem Idesa para renegociar el contrato.

Como resultado de la renegociación del contrato, Pemex logró no pagar los más de 3 mil millones de pesos de penalizaciones y obtuvo 15 millones de dólares para rehabilitar la Terminal de Importación de Etano.

A esto se suman 79 millones de pesos por servidumbres de paso, derechos de vía y arrendamientos de terrenos y 102 millones de pesos por la venta de terrenos para la terminal, a favor de ASIPONA.

También se obtuvieron 664 millones de pesos por ajuste de facturación y se dejó de subsidiar el precio del etano y su transportación, mientras que se establecieron penalizaciones iguales.

Sobre los contratos con Vitol, se llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante las acusaciones de haber sobornado a funcionarios de Pemex, lo que podría haberle permitido a la empresa recibir información confidencial para obtener un contrato para el suministro de etano.

Pemex rescindió del contrato investigado, cobró una carta de crédito por casi 10 millones de dólares, presentó las denuncias correspondientes y se suspendió la relación comercial con Vitol,

Asimismo, obtuvo de Vitol a título gratuito y en propiedad, infraestructura en la Terminal de Pajaritos y por primera vez, se implementó una “indemnización por corrupción”, consistente en un pago de 32 millones de dólares “por el daño reputacional”.

A su vez, la empresa Glencore firmó una declaración de culpabilidad en 2022 con el Departamento de Justicia de EU en el que admitió responsabilidad en el delito de conspiración para manipular precios de materias primas, incluyendo productos petrolíferos.

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Estos ilícitos se registraron entre 2007 y 2008, indicando que la responsable obtuvo información confidencial de trabajadores de empresas de diferentes países, incluido México, para la obtención de ventajas indebidas.

Por lo tanto, Pemex suspendió las relaciones comerciales y presentó una denuncia, lo que resultó en el pago de una indemnización por corrupción de 30 millones de dólares.

Sobre Altos Hornos de México, Romero recordó que en 2013 funcionarios de Pemex adquirieron la planta industrial de agronitrogenados con diversas irregularidades, incluidos avalúos contradictorios, sobreprecio, equipos sin funcionar y obsoletos.

En marzo de 2019, Pemex presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido. Ante el juez de control se aprobó un acuerdo reparatorio que obligó a AHMSA a pagar a Pemex 216.6 millones de dólares.

Finalmente, Romero denunció que María Amparo Casar Pérez, cónyuge de quien fuera coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, Carlos Fernando Márquez Padilla García, solicitó diversos pagos por la muerte de su esposo, quien falleció el 7 de octubre de 2004 tras un suicidio.

Entre ellos se encontraba el pago de seguro de vida, ayuda de gastos funerarios, pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años , así como la pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales.

“Todo lo anterior, porque los Directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del ministerio público , que finalmente resolvió que fue un suicidio”, señaló Pemex.

“Al verificarse que el C. Márquez ocasionó intencionalmente su muerte, se suspendieron de forma las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor la beneficiaria, y se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron”, agregó.