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En Nayarit, en juicios penales, el exlíder priista Carlos Saldate fue condenado por secuestro agravado a 35 y 76 años de prisión en dos casos distintos. En ambos, el exfiscal Édgar Veytia fue señalado como coautor con control policial; enfrenta 176 años de cárcel y acusaciones de tortura.
En entrevista para 'Aristegui Noticias', Tatiana Calles, tía de María José —la joven asesinada el año pasado por Miguel "N", conocido como 'el feminicida serial de Iztacalco'—, afirmó que el Estado sigue en deuda con las víctimas, ya que el presunto agresor murió en el Reclusorio Oriente sin recibir una sentencia. Añadió que no se ha proporcionado información oficial sobre su muerte ni sobre otras irregularidades en el proceso.
Almudena Bernabeu, directora ejecutiva de la organización Guernica 37 y abogada internacional, explicó que el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, podría enfrentar un tribunal civil en Estados Unidos tras ser demandado por cinco familias nayaritas por tortura. La representante de éstas personas dijo que, la querella se basa en dos leyes, una de 1789, que permite a extranjeros demandar en tribunales federales por delitos graves, y la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1992. Esta última reconoce el derecho de víctimas a interponer demandas civiles en Estados Unidos cuando en su país no hay procesos adecuados.
"Ahí sí te mataban. El entrenamiento era táctico. Te hacían pelear entre los demás, te golpeaban. Algunos instructores llegaban ebrios, se volvían salvajes", relató una víctima.
Sheinbaum añadió que en su Administración están trabajando en distintas áreas para avanzar en la localización de personas desaparecidas, como mejorar las bases de datos, donde persisten las deficiencias de información.
Según testigos, el productor de tabaco, Miguel Hernández, fortuitamente presenció el momento en el que criminales asesinaron y calcinaron a un policía en Rosamorada, Nayarit.
Aguilar Rodríguez también se refirió a la reciente reforma judicial, señalando que no aborda de manera integral el problema de las fiscalías en el país.
Ante el suceso ha reaccionado la UNACH, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos y colectivas universitarias y feministas, se espera atención de la Fiscalía de la Mujer en Chiapas.
La coordinadora del Colectivo 10 de Marzo, de buscadores de personas desaparecidas y otras víctimas, Delia Quiroa, destacó que aunque fue aprobado que se destinara el 0.4% del PIB a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) el recurso no llega a las personas agraviadas y se retrasa la entrega de las medidas de ayuda.
La coordinadora del colectivo, Delia Quiroa, mencionó que se requerían cinco días para solicitar las medidas de ayuda para las víctimas de delitos, pero a partir de la nueva administración federal, el proceso se extendió hasta 15 días.