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El bloque mayoritario sostuvo que no se comprueba de manera fehaciente la relación causal entre la aparición de las candidaturas en los acordeones y un beneficio indebido.
No se ha acreditado su elaboración, distribución masiva, uso en la jornada electoral ni su carácter determinante en los resultados, según tres magistrados.
A favor de validar la elección judicial votaron los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, así como la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, mayoría que deberá elaborar un nuevo proyecto de sentencia.
El instituto no tenía atribuciones para revisar los promedios de candidatos ganadores de la elección judicial.
El asunto fue turnado al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aunque el TEPJF no tiene facultades para analizar el asunto.
El impartidor de justicia espera que el Tribunal Electoral actúe conforme a la Constitución y así restablecer el Estado de derecho.
Además, el legislador defendió el uso de acordeones personales o "que alguien te dijera, de tu grupo político, te dijera oye,nosotros creemos que se debe de votar por esto".
José Mario de la Garza, del Proyecto Justicia y Ciudadanía, explicó que las denuncias presentadas ante el INE y la FISEL, por una operación nacional para inducir el voto e irregularidades en las candidaturas, podrían derivar en la nulidad de la elección judicial, si se acredita la violación al principio de equidad.
'Con un sólo nombre que se modifique ya se trataría de un nuevo listado', dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que no tiene duda de que este mismo miércoles se aprobarán los nombramientos.
José Mario de la Garza, presidente de la organización civil 'Perteneces' y expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, señaló en 'Aristegui en Vivo' que la Suprema Corte evidenció una erosión al Estado de derecho al permitir que ciertas suspensiones de amparo no fueran acatadas en el proceso de reforma al Poder Judicial. Explicó que hay alrededor de 500 amparos en curso y que, aunque el Tribunal Electoral determinó que el proceso no podía suspenderse, la Corte advirtió que no se puede desacatar una suspensión sin impugnarla formalmente. Advirtió que esta situación genera un precedente peligroso en la aplicación de la ley.