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La Comisión reconoció que los militares protegen la vida y la integridad de las personas, pero dicha función debe hacerse dentro del marco de la ley.
Los hechos ocurrieron en abril de 2013 en el municipio de Tlahualillo; la Comisión recomendó a la Marina reparar integralmente el daño.
Los hechos ocurrieron en Tamaulipas; "pon droga, dinero, armas, para dejarte libre", le dijeron los agentes y soldados a la víctima, de acuerdo con la Comisión.
El máximo tribunal debe tener como referente que la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa e inderogable del derecho internacional.
En la recomendación también señala a 17 agentes del Ministerio Público Federal por la dilación u omisión de la investigación del delito.
En un foro internacional participaron la Unión Europea, PGR, Segob, SRE, SNSP y las organizaciones civiles AMEXCID y Cohesión Social.
Organizaciones civiles señalaron que militares cometieron asesinatos, torturas, privaciones de la libertad, violaciones así como desapariciones forzadas.
En el documento, el organismo denunció violaciones de derechos humanos -como detenciones arbitrarias y tortura- contra personas procesadas en la investigación del caso.
El presidente de la CNDH también advirtió que no debe tolerarse la tortura.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, Alberto Elías señaló que la institución quiere ser "un referente nacional e internacional en la erradicación de la tortura".