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Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, informó que la FGR tiene desde hace un año siete órdenes de aprehensión contra militares involucrados en el caso Tlatlaya y a la fecha no se han hecho efectivas, por lo que destacó que la fiscalía no tiene que pedirle permiso al Ejército para llevar adelante sus investigaciones.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, afirma que no se ha cerrado la investigación del Caso Tlatlaya, pues hay siete órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército; además de que han declarado cuatro generales, un teniente y un soldado, así como el dueño de la bodega.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, informó que hay siete órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano y existe el compromiso de la Sedena de colaborar para ejecutarlas a la brevedad.
El caso Tlatlaya fue cerrado justo mientras en Estados Unidos fue detenido el general Salvador Cienfuegos, lo que será combatido de manera legal por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por irregularidades en el proceso, declaró la periodista Maite Azuela.
La expectativa en el caso Tlatlaya es que la PGR ejerza su autonomía y no reciba presiones del poder Ejecutivo ni del Ejército, lo cual debería resultar en revertir el sometimiento que ha ejercido la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el Ministerio Público Federal, señala la periodista Maite Azuela.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señala que en la pasada administración se protegió a los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes del crimen organizado, ocurridas el 30 de junio del 2014, pero que ahora se tendrá que revisar, tras el fallo de un tribunal federal que ordenó recapturar a los elementos del Ejército que participaron en los hechos.
Un tribunal consideró que la FGR debe regresar a prisión a los elementos de la Sedena para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público.
El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública, asegura.
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alerta sobre las características militares de la Guardia Nacional: el fuero militar y el despliegue de las fuerzas armadas en la calle mientras se conforma la nueva institución.