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Alfonso Cepeda Salas, titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que la mayoría de los maestros ratifican el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Al mismo tiempo, presentó el compromiso del SNTE para lograr que en el retorno a las aulas se fortalezcan las medidas sanitarias. “Ya son casi 18 meses de confinamiento, es tiempo de regresar a las aulas”, expresó.
Al hablar sobre el regreso a clases presenciales a finales de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respalda la decisión. Señaló que se protegerá a las niñas y los niños con protocolos sanitarios y que en caso de contagios por Covid-19, se actuará rápido. Asimismo, adelantó que en su momento se darán a conocer estudios que reflejan los daños causados por no tener abiertas las escuelas.
Pegasus Project revela este lunes que líderes magisteriales y negociadores fueron objetivo de espionaje mediante el ‘malware’ Pegasus, en el marco de las tensiones por la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No se obligará a acudir a las escuelas a ningún estudiante, docente ni personal administrativo o de apoyo del Sistema Educativo Nacional.
El incremento salarial será del 3.9% y 1.8% en prestaciones, retroactivo al 1 de enero de 2021.
Entre los contenidos de Aristegui en Vivo, de este miércoles, destaca también entrevista con Daniel Coronell, presidente de Noticieros de Univisión,sobre que Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, se enfrenta a un proceso que podría condenarlo hasta a 24 años de prisión.
Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, informó que el gobierno federal está negociando con los sindicatos de maestros para definir cuál será su papel en el regreso a clases.
Pedro Gómez de la Sección 7 de la SNTE indicó que en escuelas multigrado no hay servicio de agua; han muerto al menos 200 maestros activos en la región por Covid-19.
La Fed recorta su tasa; Wall Street reacciona a la baja, reporta El Economista.
La exlideresa magisterial demostró que las resoluciones impugnadas y recurridas por la autoridad fiscal eran ilegales, que iban en contradicción al principio de buena fe en materia tributaria y se determinó que habían violado la garantía de audiencia y el derecho humano de acceso a la justicia.