Anticorrupción sanciona a 9 funcionarios de Pemex, CFE y Guardia Nacional
mayo 24, 2026 12:21 pmLos casos involucran irregularidades administrativas en siete instituciones. Las sanciones incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones.
Los casos involucran irregularidades administrativas en siete instituciones. Las sanciones incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones.
La Unidad de Combate a la Impunidad logró acreditar que la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez, y el exjefe de la División de Inteligencia, Damián Canales, incurrieron en “faltas administrativas graves”
Gen Industrial y Promotora Ambiental de la Laguna pertenecen al consorcio Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V.; la primera de estas empresas fue inhabilitada por mentir en licitaciones y la segunda tuvo que pagar una multa por contaminar un área natural protegida.
El objetivo de esta investigación es ver "que no haya habido alguna omisión" por parte de alguna empresa, servidor público o un proveedor”, explicó Raquel Buenrostro.
La institución también señaló irregularidades en resoluciones sancionatorias pendientes del extinto INAI y advirtió que dará seguimiento a estos casos.
Sumando a lo dicho por Buenrostro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró: No hay impunidad. Con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción.
En el caso de Pemex, 544 personas pensionadas reciben montos que superan el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, por un monto que corresponde a 1,827 millones de pesos anuales.
Las declaraciones se dan en relación con la última intervención de oficio en la que se declaró la nulidad de procedimiento de medicamentos.
El abogado Miguel Alfonso Meza explicó que la megasolicitud de información se hizo ante el riesgo de que desaparezcan 15 mil millones de archivos públicos generados desde 2002 por el IFAI y el INAI, debido a la desaparición del organismo autónomo.
La diputada federal de Movimiento Ciudadano advirtió que con la desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones al gobierno federal, específicamente a la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se corre el riesgo de que se desaparezcan 15 mil millones de documentos con información pública, por lo que se ha planteado una acción urgente para que se transfiera toda esa información a una plataforma de la sociedad civil que siga siendo accesible para las personas.