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Los jueces y juezas ahora están atados de manos y ya no podrán valorar las pruebas existentes para determinar si una persona debe permanecer en la cárcel para enfrentar su proceso penal, advirtió Santiago Aguirre.
Santiago Aguirre Espinosa, Director del Centro Prodh, advirtió que la reforma al artículo 19 constitucional que prohíbe hacer interpretaciones a favor de las personas, ata las manos a jueces y juezas para que no puedan liberar a personas que son acusadas falsamente de algún delito, al tiempo que otorga más poder a un Ministerio Público para poder extorsionar a personas inocentes. Incluso, advirtió que se pueden dar más casos como el de Jovita Flores que fue acusada falsamente de secuestro y que pasó 10 años de prisión hasta que fue liberada, tras comprobarse que todas las pruebas presentadas en su contra eran falsas o inválidas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó que la prisión preventiva oficiosa, según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria.
La oposición adelantó que votaría de forma dividida en este tema, mientras que la mayoría de Morena-PTV-PVEM se mantuvo en bloque a favor del cambio.
En la propuesta se contempla ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, como es el caso de la extorsión.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, instó a México a considerar alternativas a la privación de la libertad y enfocarse en "fortalecer" las fiscalías.
La reforma prohíbe cualquier interpretación 'análoga o extensiva' que pretenda inaplicar la medida cautelar en cualquiera de los casos previstos por la ley.
Alfredo Figueroa afirma que México está comenzando a salir, en la práctica, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos debido a recientes reformas constitucionales, como la extensión de la prisión preventiva oficiosa y la judicial. Explica que Gobierno no solo incumple el fallo de la Corte, sino que amplía el uso de la prisión preventiva. Esto, advierte, establece un sistema autoritario que puede emplear las leyes para suprimir voces críticas, como la de periodistas y opositores.
El coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, Simón León Hernández, advirtió que los legisladores de Morena presentaron una iniciativa de ley para ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que puede afectar los derechos humanos de miles de personas, derivado de que bastaría con que una persona sea acusada de algunos de estos delitos para quedarse en prisión, afectando la presunción de inocencia y la defensa de personas a las que se acusa de delitos fabricados. Léon Hernández agregó que además de ser una reforma regresiva en materia de derechos humanos, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa, representa un desacato a las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de México, en la cual se condenó a nuestro país por el uso de esta figura y arraigo, en lugar de obligar a las Fiscalías a prepararse para justificar la prisión en los casos que así lo ameriten.
Según el vicepresidente fiscal, de aprobarse la ampliación, esto podría llevar a que personas inocentes pasen tiempo en prisión preventiva, afectando su reputación, patrimonio, y medios de subsistencia.