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Sin contrapesos que equilibren al Poder Ejecutivo la frase de Lord Acton cobra vigencia en el México de la 4T: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Más de 50 iniciativas legislativas contra reclutamiento forzado infantil permanecen congeladas.
Se quejan los dirigentes y legisladores del PT y del PVEM de que no han recibido de la Comisión, o de otra instancia gubernamental, las iniciativas presidenciales. Hace unos días la propia presidenta dijo que aún no las tiene.
A través de redes sociales, se difundieron imágenes de Tania Larios parada sobre una silla de la sala de sesiones y brincando hacia un balcón donde se ubica la cabina de audio.
Con luchas, rifas y un salto desde la tercera cuerda, Attolini presentó su informe legislativo ante simpatizantes en Torreón.
Durante su comparecencia, Rosa Icela Rodríguez calificó los señalamientos como parte de una campaña de desprestigio.
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales se pronunció al respecto mediante un comunicado.
Tanto la legisladora demócrata y su esposo, como el senador y su pareja, fueron víctimas de ataques con arma de fuego en el estado de Minnesota, Estados Unidos, un caso que ya investiga el FBI y se cree fue cometido por la misma persona.
La abogada Irene Levy, presidenta de Observatel, criticó en Aristegui en Vivo la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, destacando dos artículos polémicos: el 210 que prohíbe a gobiernos extranjeros difundir contenidos no culturales o turísticos en medios mexicanos y el 201 que exige autorización previa de Gobernación para todo contenido extranjero, amenazando la libertad expresión y la viabilidad técnica. La abogada también cuestionó la aprobación "exprés" sin debate legislativo y alertó sobre el riesgo de censura y la concentración de poder en el Ejecutivo, tras la desaparición del IFT. Levy exigió un periodo extraordinario para analizar a fondo la ley.
En entrevista para 'Aristegui en Vivo', la magistrada Mónica Soto explicó que las autoridades de los tres Poderes de la Unión podrán difundir las elecciones judiciales del 1 de junio, ya que los partidos políticos no participan. Aclaró que el INE no tiene exclusividad sobre la promoción, y que la difusión debe ser imparcial, institucional y con fines didácticos.