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Aunque aún no hay una agenda definitiva, los partidos y el gobierno pactaron dos posibles periodos extraordinarios al final de este mes, en los cuales abordarán diferentes iniciativas de reforma y leyes secundarias.
El gobierno de la República se comprometió a combatir la impunidad e integrar todas las averiguaciones sobre las denuncias presentadas en materia electoral el 7 de julio. Además, acordaron abordar la reforma política integral al Distrito Federal.
La más reciente encuesta de Consulta Mitofsky determinó que 33% de los mexicanos no saben si deben continuar, mientras que el 21% creen que debe terminar.
La decisión se tomó después de la reunión entre Gustavo Madero (PAN), Jesús Zambrano (PRD) y César Camacho (PRI) con el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.
El coordinador del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa, respondió a la oposición que el acuerdo político va a seguir, "no saben lo que están diciendo", responde
El dirigente nacional de Acción Nacional dijo que aún hay voluntad para construir acuerdos, pero las elecciones cambiaron el "contexto político", por la corrupción, impunidad y delitos que no fueron sancionados, lo que es "imposible ignorar".
Los abogados comisionados en las delegaciones realizarán un informe "minuto a minuto" que se hará llegar a la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, sobre lo acontecido en los estados donde habrá comicios el próximo 7 de julio.
"¿Acaso desde el gobierno federal no les puede poner un alto?", cuestionó Jesús Zambrano a Enrique Peña Nieto por la presunta participación de gobernadores, para ayudar a los candidatos priistas en las elecciones del próximo domingo.
Jesús Zambrano, dirigente nacional, afirma que el Pacto por México "prohíbe la privatización de la paraestatal", y descarta aval perredista al plan de modernización con participación de empresas privadas, que propone el gobierno de EPN.
Senadores panistas y perredistas respaldaron la propuesta de la dirigencia del PRD de hacer una "pausa" en el Pacto por México, y reanudar trabajos después de las elecciones locales del 7 de julio. Los legisladores cuestionan la validez del "adéndum" que compromete al blindaje electoral.