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Los especialistas participaron en la primera sesión de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el programa de espionaje 'Pegasus'.
La institución informó que la investigación aclarará si el software de NSO Group fue vendido y distribuido en Bulgaria y dónde pudo haberse aplicado.
Entre los objetivos figuraban un hijo y dos asesores de Netanyahu, además de dos exfuncionarios sospechosos de haber filtrado información a periodistas.
Tras información publicada en el medio Calcalist sobre el uso del malware del la firma israelí NSO Group contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios, el ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, afirmó a través de redes sociales que creará una comisión estatal de investigación.
El diario británico The Guardian reveló que el FBI compró el programa en 2019 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump.
Un peritaje reveló el espionaje a 22 miembros del periódico salvadoreño El Faro con el software Pegasus. El presidente del país, Nayib Bukele, negó cualquier responsabilidad. Sin embargo, el periodista de El Faro, Carlos Martínez, acusó al gobierno del mandatario de estar detrás y recalcó que es imposible intentar buscar justicia en las instituciones salvadoreñas en el corto o mediano plazo, pues están al servicio de Bukele. A su vez, el periodista mexicano de investigación, Daniel Lizárraga, advirtió que el espionaje afectó también a las fuentes de investigaciones y recalcó que NSO group no se ha detenido ante las acusaciones, sino que ha incrementado su tecnología. Afirmó que la ley de transparencia de El Salvador es letra muerta y señaló que el espionaje es un golpe a la democracia y al derecho de los ciudadanos a estar informados.
Informes de que el software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group se había utilizado contra opositores al gobierno han desatado acusaciones de que los servicios especiales están socavando las normas democráticas.
"La administración Biden tiene la oportunidad de cerrar el grifo de los dólares estadounidenses y ayudarlos a quebrar para siempre", se lee en una carta enviada al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado.
Recientemente se han llevado a cabo diversas conversaciones con fondos de inversión sobre operaciones para salvar a la compañía.
La Consejería Jurídica de la Presidencia recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se considere de 'seguridad nacional' la información producida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.