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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su "profunda indignación" por el asesinato de las dos niñas y aseguró que no habrá impunidad.
Por las amenazas contra el funcionario municipal, la fiscal general del estado de Baja California, María Elena Andrade confirmó que fueron detenidas tres personas, mismas que ya fueron vinculadas a proceso, por los delitos de terrorismo, desaparición forzada y homicidio calificado.
Suhayla Bazbaz Kuri, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, expuso que según testimonios de habitantes de la Península de Yucatán, recogidos para la investigación, ¿A qué vinieron? sobre irrupción militar tras la construcción del Tren Maya otras obras, mujeres jóvenes principalmente, señalaron miedo e inseguridad por la presencia militar. Denunciaron hostigamiento, ocupación de espacios comunitarios. Bazbaz Kuri advirtió que, ante nuevos proyectos como el Tren Maya, estas situaciones podrían repetirse.
Suhayla Bazbaz Kuri, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), advirtió en 'Aristegui en Vivo' que en municipios de la península de Yucatán, como Calakmul, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, hubo una “irrupción militar” vinculada a la empresa del gobierno mexicano, lo que provocó expropiaciones, vigilancia y riesgos para los derechos humanos. Bazbaz denunció tácticas de control, hostigamiento y restricciones a la población, y cuestionó el financiamiento internacional de estos proyectos sin garantizar la participación de las comunidades.
Esta incursión ha transformado la vida cotidiana de los habitantes, quienes se encuentran bajo una vigilancia constante, donde los militares no son solo autoridad, sino también proveedores, patrones y competidores en el mercado.
Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, advirtió que militares en la ciudad operan bajo alto estrés, por lo que consumen medicamentos controlados: "No están al 100%", señaló, criticando que los exámenes toxicológicos y psicológicos no sean públicos.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, exigió a la comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, la destitución del general brigadier Miguel Ángel Ramírez, actual comandante de la guarnición de la plaza en Tamaulipas, al considerar que su historial de presuntas violaciones a los derechos humanos lo inhabilita para liderar tropas, esto luego de la condena a militares por la masacre de cinco jóvenes en el 2023.
El 26 de febrero de 2023, cinco jóvenes fueron perseguidos y atacados por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas; videos y otros testimoniales fueron tomados como datos de prueba para sentenciar a cuatro militares a 40 años y 9 meses de prisión.
El suceso ocurrió en 2023 cuando cinco jóvenes se encontraban camino a sus domicilios en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
"El uso excesivo y arbitrario de la fuerza es inadmisible y debe ser siempre prevenido, investigado y sancionado", subrayó ONU-DH.