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Claudia Pastor, diputada federal del PRI, sostuvo que la reforma al sector eléctrico que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador manda malas señales al mundo sobre el compromiso de México con los tratados, la Constitución y la falta de revisión de los llamados "contratos leoninos".
Los diputados Saúl Huerta, de Morena; Justino Arriaga Rojas, del PAN, y Claudia Pastor, del PRI, fijaron sus puntos de vista sobre la Ley Eléctrica, aprobada esta madrugada en la Cámara baja y que ahora va al Senado. La oposición advirtió que seguirán dando la batalla contra esta ley.
La nueva ley tendrá un impacto presupuestal de 300 mil millones de pesos, dijo la oposición; hoy la CFE ya subsidia con unos 250 mil millones de pesos a sus competidores privados de plantas eólicas y solares, dijo Morena.
Sus efectos sobre la competencia, los acuerdos internacionales y compromisos ambientales firmados por el país lastimarían la confianza, competitividad y percepción de México como una nación atractiva para la inversión: Consejo de Empresas Globales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco es menor al estimado inicialmente y lo atribuyó a una "deficiencia metodológica". El Departamento de Justicia de EU aprehendió a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, acusada de conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos; el escritor y filántropo Andrés Roemer es señalado por varias mujeres por acoso y abuso sexual.
Lorenzo Meyer, Ana Lilia Pérez y Fabrizio Mejía analizan la reforma a la ley eléctrica que podría ser aprobada esta semana. El historiador aseguró que en esta batalla por la electricidad, “es tiempo de recuperar la soberanía otra vez aunque peguen de gritos”. La periodista dijo que las empresas privadas se fueron apoderando del mercado y han usado la bandera de energías renovables que en muchos casos ha sido un mero chantaje. Mientras el escritor señaló un desequilibrio en el trato entre empresas privadas y la CFE, por lo que es necesario que el Estado regule esa situación.