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El rey Juan Carlos de España y su hijo el príncipe Felipe de Borbón decidieron bajarse el sueldo para estar acorde con los recortes anunciados por Mariano Rajoy hace unos días.
Los manifestantes corearon consignas contra la clase política y el Ejecutivo del Partido Popular (PP)
El gobierno español aprobó el viernes aplicar el aumento al gravamen a partir del 1 de septiembre.
Agentes de la Policía española arremetieron en contra de los manifestantes en contra los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en las proximidades de la sede del Partido Socialista Obrero Español. Al grito de "La voz del pueblo no es ilegal" comenzaron las detenciones y los golpes, la policía detuvo a algunos manifestantes entre ellos a una mujer de edad avanzada que participaba en las protestas. (Con información de Republica.com)
"La subida de los impuestos del consumo es una de las decisiones más impopulares porque afecta de forma inmediata y directa al monedero de todas las familias", asegura un artículo publicado en El País
La delegada del Gobierno en Madrid aseguró que no va a permitir que la capital se convierta en Atenas, refiriéndose a los disturbios que se produjeron en la capital de Grecia tras la intervención por parte de la UE, según informa El País.
Miles de personas se manifestaron este miércoles por el centro de Madrid hasta el ministerio de Industria, en apoyo a la minería española y en contra de los recortes al sector, una protesta pacífica que acabó después con algunos enfrentamientos con la policía y 76 heridos leves.
Los choques han dejado 76 heridos con contusiones y torceduras.
Integrantes del sector minero realizaron una manifestación en Madrid, España, en contra de la reducción de ayudas públicas a las cuencas mineras, lo que provocó este miércoles un enfrentamiento con policías que dejó unos 76 heridos y al menos ocho detenidos. (Foto: Hispano.com)
Las nuevas medidas, que se discutirán el viernes en el Consejo de Ministros, también incluyen la suspensión de pago de aguinaldos para funcionarios públicos. El gobierno español busca ahorrar 65,000 millones de euros en dos años y medio.