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Ninguna institución de procuración de justicia está funcionando para velar por los derechos humanos de las personas en Venezuela, advirtió la integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas.
Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dijo que el desgaste de las instituciones de justicia en Venezuela es tan grande que ninguna de ellas ha funcionado para atender a las familias de las víctimas de desaparición forzada en el contexto electoral y la "reelección" de Maduro, destacando que esto ha llevado al desamparo a todos los ciudadanos que protestan contra el actual régimen, incluyendo a menores de edad que fueron separados de sus familias.
Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, advirtió que los ciudadanos en Venezuela se encuentran en total desamparo frente al poder, ya que ninguna institución de procuración de justicia está funcionando para velar por los derechos humanos de las personas. La defensora de derechos humanos agregó que la Fiscalía y el Poder Judicial están al servicio del grupo en el poder, mientras que los defensores públicos y la Defensoría del Pueblo, equivalente a la CNDH, no actúan contra las desapariciones forzadas de hombres, mujeres y hasta menores de edad que se oponen a la última reelección de Nicolás Maduro
Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión en Venezuela, fue liberado por el régimen de Nicolás Maduro, tras estar desaparecido desde el 7 de enero. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, destacó que en Venezuela permanecen 272 presos políticos, mientras el país enfrenta una creciente represión contra disidentes, periodistas y activistas, según se ha documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
González Urrutia, exiliado en España desde septiembre, viajó el martes a Guatemala -donde hoy se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo.
La periodista Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela, denunció que la desaparición del periodista Carlos Correa Ochoa, colaborador de las Relatorías de la CIDH y la ONU en materia de libertad de expresión, revelan un patrón de actuación del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y jóvenes dirigentes opositores.
La periodista Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela denunció que la desaparición del periodista Carlos Correa Ochoa, colaborador de las Relatorías de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) cumplió una semana, sin que el gobierno de Nicolás Maduro permita a su familia o sus abogados, conocer su paradero, estado de salud o estatus legal.
En el marco de su investidura presidencial, celebrada este 10 de enero, el mandatario recibió la banda presidencial, por lo que se mantendrá en el cargo para el período 2025-2031.
Naciones como Argentina, Chile y República Dominicana, se posicionaron contra el régimen de Maduro, mientras que China, Rusia, Irán y otros aliados de Maduro, aceptaron los resultados oficiales y en algunos casos enviaron representantes a la ceremonia de hoy.
La escritora sostuvo que, lamentablemente, si las Fuerzas Armadas venezolanas no se ponen de lado de la democracia, no podrán avanzar.