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La activista fundadora del Colectivo 'Voz de los Desaparecidos en Puebla’ manifestó la inconformidad de los familiares de desaparecidos con el proceso para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla.
La presidenta señaló que hay coincidencias entre las personas buscadoras y sus propuestas para atender las desapariciones en México.
La periodista Anabel Hernández señaló en 'Aristegui en Vivo, respecto a la crisis de desaparición de personas en México, que el Gobierno ha sido omiso y, en algunos casos, ha dado indicios de complicidad en las desapariciones que aquejan al país.
Anabel Hernández y María Idalia Gómez advirtieron en la Mesa de Análisis de 'Aristegui en Vivo' sobre la falta de resultados del Gobierno federal frente a la crisis de desapariciones en México, analizando también el caso del exgobernador Tomás Yarrington, acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado tras su extradición desde Estados Unidos.
Al menos 500 colectividades y la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señalaron que negar las desapariciones de México es revictimizar a las familias.
Ambos expertos criticaron la postura de México sobre las desapariciones forzadas, Corcuera calificó como "disparate" la sanción que México pretende contra el funcionario de la ONU que pidió investigar desapariciones, en el país. Mientras que Dayán destacó la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas a pesar del discurso oficial.
El expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas CED-ONU, Santiago Corcuera, calificó como "demencial" la petición del Estado mexicano para sancionar a Olivier de Frouville, presidente de dicho Comité, por las observaciones que realizó el organismo respecto a la situación de desapariciones en México.
"Si bien la apertura de este catálogo es vista como un avance para las familias", el CDHPN reiteró que esta herramienta debe ser accesible para todas las personas "en un espacio digital y público."
Estas advertencias se dan luego de se revivieron las denuncias sobre la existencia de sitios de entrenamiento criminal en distintas regiones del país, a partir de lo ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.
El fiscal de Jalisco justificó que fue la Guardia Nacional la que descubrió el lugar el 18 de septiembre de 2024.