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La abogada del caso reiteró que la sentencia no solo busca reparación para la familia, sino una transformación institucional que combata el racismo estructural y garantice el derecho a la verdad en México.
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue víctima de violación y ataques perpetrados por miembros del Ejército; el día siguiente, murió.
Bialiatski, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2022, es un defensor de los derechos humanos que luchó durante años en favor de los presos políticos.
Según Corral Jurado, la iniciativa contempla que la identidad reservada se utilice únicamente cuando se hayan agotado las medidas de seguridad ya establecidas en la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal.
El Centro Prodh rechaza esta figura por contravenir independencia judicial y garantías procesales en Código Penal.
El abogado Simón Hernández León, representante en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar vs. México, afirmó que la Suprema Corte mantiene sin discutir desde hace casi tres años el expediente sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana que ordena revisar la prisión preventiva oficiosa. Señaló que, mientras el asunto permanece detenido, varios poderes federales han rechazado cumplir la resolución. Indicó que Penas Sin Culpa ha solicitado audiencias sin respuesta y acusó un trato “discrecional” hacia las víctimas.
Daniel García Rodríguez, quien junto con Reyes Alpízar fue acusado del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés en 2001, denunció que la Suprema Corte no los atendió durante la cita programada el miércoles a las ocho de la mañana sobre su caso de prisión preventiva oficiosa; esperaron más de una hora y se retiraron sin ser recibidos. Señaló que la medida, vigente desde 2008, convierte a los ministerios públicos en jueces y afecta gravemente el sistema de justicia. Reclamó que la Corte cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La jornada busca recordar que la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una grave violación de derechos humanos y un problema estructural.
Organizaciones instaron a la Suprema Corte a respetar y garantizar los derechos humanos evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.
La recomendación exige a Semar, FGE y SSP reparar integralmente el daño, incluyendo compensación económica y atención psicológica a la víctima.