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Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró este martes en ‘Aristegui en Vivo’ que el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es una oportunidad para que el gobierno mexicano haga de manera diferentes las cosas en comparación con lo realizado en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
El director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, especialista en Derechos Humanos, recordó en 'Aristegui en Vivo' los casos de Reynosa, Patrocinio (Torreón), Bartolina (Matamoros), Penal de Piedras Negras, San Fernando (Tamaulipas), Talá (Jalisco) y Ameca (Jalisco) que han sacudido a la opinión pública en el pasado y cuestionó la actuación de la autoridad local y federal para combatir a las organizaciones criminales y los campos de reclutamiento forzado y exterminio en diferentes puntos del país.
El director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y especialista en Derechos Humanos, Jacobo Dayán, cuestionó en 'Aristegui en Vivo' la actuación de los gobiernos municipales, estatales y federales ante los hallazgos de campos de exterminio, como el logrado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en Teuchitlán.
Entre los hallazgos de 400 zapatos, mochilas, playeras y una carta escrita por Eduardo Lerma Nito, joven desaparecido en febrero de 2024.
El reciente hallazgo de hornos clandestinos utilizados para cremar cuerpos en Jalisco pone nuevamente en evidencia la aterradora realidad de la violencia estructural que prevalece en México.
El sospechoso fue entregado a la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes
El sábado en el estado de Guanajuato fueron ejecutadas un total de 16 personas.
En México, desde hace décadas, estos cárteles de la droga han generado violencia y cuentan con redes que se expanden a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa, además de células criminales dedicadas a otros delitos como el tráfico de personas, los secuestros y la extorsión.
Tras la designación, la presidenta elevó sus reclamos a la industria armamentista de Estados Unidos, origen de casi tres de cada cuatro armas que usa el crimen organizado en México, según un reporte del Departamento de Justicia en enero.
Estas medidas "no han evitado el flujo de personas" y, además, "han empujado a los migrantes a rutas mucho más peligrosas, como aquella del Darién, donde sufren violaciones a derechos humanos, Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.