Corte IDH sentencia a México por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade ¿Qué significa?
diciembre 22, 2025 1:06 pmCon la sentencia, la Corte ordena al Estado mexicano realizar reformas para evitar que estos casos se repitan.
Con la sentencia, la Corte ordena al Estado mexicano realizar reformas para evitar que estos casos se repitan.
La abogada del caso reiteró que la sentencia no solo busca reparación para la familia, sino una transformación institucional que combata el racismo estructural y garantice el derecho a la verdad en México.
La Corte IDH determinó que integrantes del Ejército mexicano violaron a Ernestina Ascencio en febrero de 2007, y que la agresión constituyó un acto de tortura.
El abogado Simón Hernández León, representante en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar vs. México, afirmó que la Suprema Corte mantiene sin discutir desde hace casi tres años el expediente sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana que ordena revisar la prisión preventiva oficiosa. Señaló que, mientras el asunto permanece detenido, varios poderes federales han rechazado cumplir la resolución. Indicó que Penas Sin Culpa ha solicitado audiencias sin respuesta y acusó un trato “discrecional” hacia las víctimas.
Daniel García Rodríguez, quien junto con Reyes Alpízar fue acusado del homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés en 2001, denunció que la Suprema Corte no los atendió durante la cita programada el miércoles a las ocho de la mañana sobre su caso de prisión preventiva oficiosa; esperaron más de una hora y se retiraron sin ser recibidos. Señaló que la medida, vigente desde 2008, convierte a los ministerios públicos en jueces y afecta gravemente el sistema de justicia. Reclamó que la Corte cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte IDH determinó que México debía inaplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, reparar integralmente a las víctimas, ajustar su legislación y difundir la sentencia; sin embargo, de acuerdo con Hernández León, las instituciones del Estado han decidido ignorar dichas obligaciones.
La jornada busca recordar que la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una grave violación de derechos humanos y un problema estructural.
Pena Sin Culpa enfatizó que su objetivo es exigir transparencia y cumplimiento de la sentencia internacional, así como asegurar que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana.
Los dos expedientes relacionados con la prisión preventiva oficiosa se quedaron en turno de espera con los lugares 154 y 155 en el orden del día, por lo que corresponderá a los nuevos ministros resolver el tema
Simón Hernández León, abogado del caso García Rodríguez vs México, denunció una crisis institucional profunda en el sistema de justicia, marcada por la falta de capacidades de las fiscalías para investigar y resolver delitos. Destacó que México enfrenta cerca del 97% de impunidad y una alta cifra de delitos no denunciados. Además, criticó que la prisión preventiva oficiosa funciona como un incentivo para no investigar ni presentar casos sólidos, afectando la justicia para víctimas e inocentes.