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El Consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz, habló por primera vez de la denuncia anónima contra el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y de que se haya ordenado el inicio de la investigación el mismo día en que se recibió el documento.
Funcionarios del Inegi, del INE, de la Guardia Nacional y de la CNBV, entre otras, también presentarán amparos contra las reformas impulsadas por AMLO.
La SCJN nombró en primera instancia a Luis Enrique Orozco -vicefiscal de la entidad- como gobernador interino en sustitución de Samuel García. No obstante, el juez federal Gabriel Domínguez Barrios otorgó un amparo para que el secretario general de Gobierno de Nuevo León fungiera como interino en lugar de García.
La SCJN y el CJF señalaron que 6 de los 13 son recursos para cumplir con las prestaciones obligatorias por ley para los trabajadores.
El Instituto, que acumula 5 mil 606 recursos sin resolver, analizará un amparo contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otro contra la Fiscalía General de la República (FGR).
Luiz Rodríguez Bucio afirmó que la ministra presidenta de la SCJN, desechó como titular del CJF, una queja contra una jueza en un caso relacionado con un desaparecido.
La Presidenta de la SCJN también advirtió que las instituciones públicas tampoco deben usarse para obtener aprobación social.
A pesar de que a actual administración espió su teléfono celular utilizando el software israelí Pegasus, Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Consejo de la Judicatura Federal, decidió no inteproner una denuncia ante la Fiscalía General de la República, al considerar que no se iba a llegar a cabo una investigación diligente para dar con los responsables.
Salvador Leyva, ex funcionario del Consejo de la Judicatura Federal, relató en entrevista para Aristegui en Vivo, cómo la actual administración espió su teléfono celular utilizando el software israelí Pegasus, cuando se encontraba trabajando con personas involucradas en el caso Wallace.
A pesar de que el juzgado de Distrito admitió el juicio, no emitió medidas cautelares, como la del retiro de más de 6 mil elementos de la GN.