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La secretaria del Trabajo aclaró que solo se permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte de actividad preponderante.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE, dijo que el acuerdo sobre subcontratación es un gran ejemplo de lo que se puede hacer con el diálogo social entre representantes de la iniciativa privada y los trabajadores.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión laboral del CCE, calificó como un acuerdo histórico el alcanzado entre empresarios y el gobierno ayer y una muestra de lo que se puede hacer con el diálogo cuando intervienen los sectores productivos. Reveló que “habíamos pedido que entrara en vigor hasta 2022”, pero posiblemente el 1 de mayo se publique ya, luego del proceso que seguirá la iniciativa en materia de subcontratación en el Congreso.
Los organismos empresariales advirtieron sobre la serie de amparos que podrían generarse por parte de las compañías que invirtieron de buena fe en México.
Carlos Salazar Lomelín sostuvo que hoy producir electricidad en la CFE cuesta 26% más que producirla a través de los privados.
El CCE señaló que existen al menos 20 proyectos de infraestructura de gas pendientes de aprobación y que representan inversiones por 300 mil mdp; además propuso que la CFE se concentre en las actividades en las que es rentable, la transmisión y distribución.
Ofrece apoyo para la distribución y aplicación de vacunas a través de 15 mil farmacias y 8 mil consultorios de cadenas comerciales y tiendas afiliadas a la ANTAD, y de clínicas, laboratorios y hospitales agremiados en Concanaco.
Luego del megaapagón que el lunes afectó a 10.5 millones de mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el país requerirá en los próximos años inversiones para generación por más de 87 mil millones de pesos anuales para instalar un promedio de 4 mil 400 Megawatts por año para atender la demanda nacional de electricidad y evitar la saturación de las líneas de transmisión y de la red de distribución.
Dos propuestas aun sobre la mesa son la responsabilidad solidaria del contratante respecto de las prestaciones no pagadas por la firma de outsourcing y la deducibilidad de las prestaciones, que ayudaría a las MiPymes y evitaría incentivar la informalidad, dice José Manuel Campos.
A contrapunto del CCE, los tres organismos empresariales dijeron que el acuerdo coarta la libertad de contratación, y responsabilizaron de las actividades irregulares que han sucedido en el pasado a la falta de supervisión del SAT, Secretaría del Trabajo, Infonavit e IMSS.