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La reforma constitucional de 2011 es la de mayor calado, porque inaugura un nuevo paradigma, pasando de lo que se denomina el paradigma de las garantías individuales, al de los derechos humanos.
Sin el dinero de las remesas, habría muchos más hogares empobrecidos o en proceso de pérdida de parte de su patrimonio, es decir, de sus bienes durables e, incluso, en los casos más extremos, de sus viviendas.
El país no puede continuar por el mismo rumbo, pues las circunstancias se han hecho aún más críticas respecto de lo que teníamos en el 2018; y todo esto, en medio de un año electoral, en el que se juega en buena medida el proyecto presidencial, debe ser manejado con una capacidad política, ahora sí de calibre histórico.
La nación mexicana requiere de mensajes y ejemplos claros del Ejecutivo, más aún en el contexto del hiperpresidencialismo que ha reinstituido, y en el cual la palabra del líder y, sobre todo, su acción, convoca a sus seguidores y a quienes confían en él y le atribuyen capacidades auténticamente transformadoras del país.
Reforma fiscal, formalización de la economía, un nuevo sistema de salud y una nueva política de industrialización serían la base para un nuevo curso de desarrollo, que permita avanzar hacia la superación de la pobreza, pero también hacia la reducción de las condiciones de desigualdad que prevalecen en el país.
A pesar de la ilusión que producen los anuncios promisorios sobre la llegada de las vacunas, en realidad, ésta no transformará la realidad inmediata y tampoco garantiza condiciones para la adecuación del curso de desarrollo que prevalece en nuestro país.
La Guía ética para la transformación de México reproduce estereotipos y plantea actitudes ajenas a los mandatos del orden jurídico nacional; es un documento redactado con un lenguaje prescriptivo y, en no pocos casos, con estructura imperativa.