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La ficción de las “finanzas púbicas sanas”, propalada durante 5 años, se ha desmoronado como castillo de arena.
La iniciativa presidencial de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene problemas serios, tanto de forma como de fondo.
La demolición del Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas, sigue a toda velocidad, sin que se haya previsto lo que pasará con los más de 3.5 millones de juicios en curso en el ámbito federal.
El desacato presidencial se pretende justificar con el argumento de que, conforme a la ley, los jueces no tienen facultades para otorgar amparos contra reformas a la Constitución.
Menos de una semana tardó la mayoría oficialista en ambas Cámaras en aprobar las iniciativas de la presidenta.
Elegir a los impartidores de justicia mediante voto ciudadano, universal y directo, no ocurre en ninguna parte del mundo.
Lo relevante del mensaje inaugural de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Palacio Legislativo, no fue su contenido sino su destinatario.
Por esa ocurrencia la reforma judicial electoral de López Obrador es de imposible aplicación. Sus autores olvidaron que el tiempo no se puede extender, ni siquiera por la 4T.
La recta final del sexenio de López Obrador se transitó con el guion del radicalismo y la demagogia, y notorios abusos de poder.
Es un proyecto político autoritario, que dejará a las oposiciones reducidas a casi nada, o a la nada.