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Lo relevante del mensaje inaugural de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Palacio Legislativo, no fue su contenido sino su destinatario.
Por esa ocurrencia la reforma judicial electoral de López Obrador es de imposible aplicación. Sus autores olvidaron que el tiempo no se puede extender, ni siquiera por la 4T.
La recta final del sexenio de López Obrador se transitó con el guion del radicalismo y la demagogia, y notorios abusos de poder.
Es un proyecto político autoritario, que dejará a las oposiciones reducidas a casi nada, o a la nada.
El argumento central de los autores del acuerdo puede sintetizarse en una frase: “así se ha hecho antes, y así debe seguir haciéndose”. Lo primero es cierto. Lo segundo no.
Lo que se pretende imponernos es un régimen de partido hegemónico y un gobierno autoritario, con una presidenta tutelada y una sola voz como guía de la República.
Lo que hoy pretende el oficialismo es revocar, de manera unilateral, lo pactado en 1996 para disponer, de manera fraudulenta, de una mayoría apabullante en la Cámara de Diputados, a la que el electorado no le dio derecho.
A la coalición “Sigamos Haciendo Historia” es aplicable el límite de 300 diputados por ambos principios.
Morena y sus aliados no deberían tener más de 300 diputados en la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados, que dará inicio el 1 de septiembre del año en curso.
La reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador es perjudicial para la justicia y para la democracia.