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Respetuosamente sugiero a la señora presidenta admitir que, en lo que hace a su iniciativa de reforma electoral, cayó en un hoyo. Lo mejor que puede hacer es dejar de rascarle. Le hará bien respirar, contar hasta 10 y luego empezar a pensar como salir del hoyo.
Desde luego que en el INE es necesaria una revisión a detalle de su estructura orgánica, no solo ni principalmente por motivos de presupuesto, sino por racionalidad y eficiencia. Solo que los mayores problemas no están en los órganos desconcentrados (juntas locales y distritales) sino en la multiplicidad de unidades, direcciones y áreas que configuran el laberinto burocrático de sus oficinas centrales.
En 2024 no hubo interpretación del 54 constitucional. El INE y el TEPJF lo aplicaron a la letra, para violarlo y beneficiar al partido del gobierno. Esa es la verdad.
Un ejemplo reciente del uso del término “regresión” es el manifiesto dado a conocer el pasado martes 3 por el Frente Amplio Democrático, en el que se afirma que la posible reforma electoral, anunciada en sus grandes trazos desde Palacio Nacional, “plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales”.
Hasta 2015 nuestro sistema electoral había funcionado adecuadamente, permitiendo una aceptable correspondencia entre votos, curules y escaños, sin obstaculizar las alianzas legislativas para conformar mayorías que hicieron posible múltiples reformas constitucionales de gran transcendencia.
Se quejan los dirigentes y legisladores del PT y del PVEM de que no han recibido de la Comisión, o de otra instancia gubernamental, las iniciativas presidenciales. Hace unos días la propia presidenta dijo que aún no las tiene.
La presidenta ha dicho que en febrero presentará su iniciativa de reforma constitucional electoral. Estas no pueden ser consideradas como preferentes, y como es obligado que primero se apruebe esa reforma, tampoco puede la titular del Ejecutivo pedir preferencia para sus iniciativas de reforma a las leyes electorales.
Mediante una interpretación o una reforma, Donald Trump reclame el derecho de postularse para un tercer mandato en las elecciones presidenciales de noviembre de 2028.
Desaparecer los OPLES, como ella ha sugerido, no es para mejorar el sistema electoral y garantizar elecciones libres y resultas apegados a la voluntad ciudadana. Es, en la óptica presidencial, para reducir burocracia y gastos.
Dos organizaciones han anunciado que cumplieron con el número de asambleas distritales que exige la ley.