Alerta CIDH por criminalización de la activista indígena Kenia Hernández Montalván
El organismo mencionó que la criminalización estigmatiza a las personas defensoras de derechos humanos, mientras que procesos penales no fundamentados se convierten en un arma para amedrentar a activistas; la CIDH alertó que en América Latina ha aumentado la violencia en contra de personas defensoras en los primeros cuatro meses de 2022
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la presunta criminalización de la activista del Colectivo Libertario Zapata Vive, Kenia Inés Hernández Montalván, procesada por cinco causas penales.
En un comunicado, la CIDH informó que tiene conocimiento sobre el caso de la defensora indígena, quien también es integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de Presos Políticos. El organismo subrayó que la criminalización de personas defensoras de derechos humanos lanza un mensaje intimidatorio, mientras que procesos judiciales sirven para amedrentarlas.
“La criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes”, advirtió la CIDH.
📢𝗟𝗮 @CIDH 𝗿𝗲𝘁𝗼𝗺𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇, 𝘀𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮.
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El organismo informó que también tuvo conocimiento del asesinato de Luis Ortiz Donato, líder del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor del pueblo afromexicano, quien fue atacado a balazos en Guerrero el 28 de abril.
La CIDH también mencionó los casos de Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca, asesinado el 20 de marzo, y del defensor ambiental José Trinidad Baldenegro, ejecutado en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el 7 de marzo.
Alertó que en América Latina ha aumentado la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras durante los primeros cuatro meses de este 2022, por lo que llamó a los Estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos.