Comisión de Búsqueda pide investigar a socios de compañía que recibió 45 mil perfiles genéticos de víctimas y criminales | Especial

Por Juan Omar Fierro

El cierre del debate en el juicio contra Roberto Cabrera Alfaro, ex colaborador del actual Fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, por la presunta entrega de 45 mil perfiles genéticos de víctimas a una empresa particular, abrió la oportunidad para que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) llegar al fondo de este caso y no quedarse en la imputación contra un solo ex servidor público.

El Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, deberá emitir su fallo este jueves en un caso que nuevamente involucra al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ya que una de las socias de ADN, Mariana García Sosa, se refirió a él como “su jefe directo”, además de que su primo, Hugo Scherer Castillo, también es socio de la compañía.

En la audiencia del cierre de alegatos, se refrendó por todas las partes que el debate medular de la acusación era la primera de varias entregas de perfiles genéticos recolectados por Cabrera Alfaro a nivel nacional, entre familiares de desaparecidos e instancias gubernamentales como fiscalías y procuradurías estatales, aprovechando su cargo como Coordinador General de Estrategias del Sistema de Seguridad Pública de la CNS. La entrega habría ocurrido el 31 de mayo del 2017.

En el tercer día del juicio, la destrucción de estos perfiles genéticos, incluyendo los que elaboró la empresa Central ADN S.A de C.V. o ADN México recolectando muestras entre familiares de desaparecidos o co la extracción de material genético de piezas dentales que aportaron las familias, también fue motivo de debate, ya que para defensa del primer titular de la CNB, Cabrera Alfaro, la carencia de estos perfiles equivale a que no se puede acreditar la existencia del cuerpo del delito.

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En contraste, para el asesor jurídico de la Comisión Nacional de Búsqueda, Javier Schütte, hacer esta comparación equivaldría a no juzgar a los implicados en un homicidio cuando se destruye el arma de fuego utilizada para asesinar a una persona. 

En este sentido, Schütte Ricaud explicó que el oficio firmado por Cabrera Alfaro en su calidad de ex servidor público “es el arma humeante” del crimen cometido en este caso, es decir, una de las pruebas principales para tratar de condenarlo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

 

En su intervención, el representante legal de la CNB y de su actual titular, Karla Quintana, también advirtió que este primer proceso penal contra un ex servidor público por el presunto tráfico de ADN procedente de procuradurías y fiscalías estatales, deja muchas dudas sobre todos los involucrados, por lo que es necesario una investigación más profunda y exhaustiva sobre para conocer a todas las autoridades y personas relacionadas con esta operación comercial que sólo sirvió para revictimizar a las familias de desaparecidos.

Entre las interrogantes que la FGR deberá responder, de acuerdo con el representante de la CNB, se encuentran qué otras autoridades o personas, además de Cabrera Alfaro, entregaron perfiles genéticos a la empresa ADN México, qué información se compartió con dicha empresa de parte de las autoridades para que la representante comercial de la compañía, Mariana García Sosa, pudiera contactar a familiares de desaparecidos revelando números y datos de carpetas de investigación.

Agregó que también es necesario conocer si hubo contratos, convenios o acuerdos de confidencialidad firmados por las autoridades locales y federales que entregaron información confidencial de investigaciones en curso e información sensible e íntima de familiares de desaparecidos a una empresa privada como ADN México.

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Además, la asesoría jurídica de la CNB cuestionó la destrucción de estos perfiles y la negativa de la empresa para entregar los mismos a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia oficial que debería tenerlos en su poder y que en su momento también realizó una prueba piloto con ADN México, sin que la dependencia haya realizado una investigación interna sobre el uso de la plataforma Altea DB en el área de servicios periciales, como lo reconoció Mariana García Sosa frente al tribunal de enjuiciamiento presidido por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Otras preguntas que Schütte pidió responder es qué otros estados, además de Veracruz, Michoacán, Morelos, Coahuila y San Luis Potosí, nombrados por la propia García Sosa o por el director de ADN México, Diego Ulibarri Gómez, tuvieron tratos comerciales con esa compañía forense y qué intereses los movían, ya que es evidente que hubo beneficios económicos para la citada compañía.

Aquí cabe señalar que entre los materiales que la Comisión Nacional de Búsqueda aportó durante la investigación se encuentra una oferta por 70 millones de pesos que ADN México hizo a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), y en específico a Roberto Cabrera, para ofrecer sus servicios de identificación humana a partir de perfiles genéticos obtenidos entre distintas bases de datos.

¿Cómo tuvo acceso esta empresa a tantas instancias de gobierno? ¿Qué intereses los movían? ¿Quién se benefició? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Quiénes en el poder han buscado beneficiar a esta empresa y por qué?”, cuestionó el asesor jurídico de la CNB.

Representante de empresa ADN menciona a Julio Scherer

Sin decir el nombre del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, Javier Schütte también pidió investigar a los accionistas de ADN México, entre los que se encuentran Hugo Scherer Castillo, uno de sus familiares, y al propio Scherer Ibarra.  Según el asesor jurídico de la Comisión, Mariana García, se refirió a Scherer como “su jefe”, pero la socia de la compañía forense había señalado que “era colaboradora” de Julio Scherer cuando era Consejero Jurídico de la Presidencia. Incluso, Schütte pidió investigar si esa relación sirvió para que se le otorgaran a dicha compañía contratos para realizar pruebas de Covid-19 en la Guardia Nacional durante la pandemia.

Los contratos que Central ADN recibió de la Guardia Nacional fueron revelados por el  director de la compañía, Diego Ulibarri Gómez, durante su comparecencia.

Para el asesor jurídico, todo lo anterior debe ser rigurosamente investigado por la FGR y  todo lo dicho en las audiencias públicas de este caso, debe ser incorporado a la otra carpeta de investigación que la propia Fiscalía mantiene abierta contra Roberto Cabrera y otros servidores públicos por la suscripción de un segundo oficio por parte de ese ex servidor público, ya como primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, para seguir entregando perfiles genéticos a ADN México.

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Esta segunda investigación aludida de manera constante durante los tres días de audiencia que lleva el juicio oral contra Roberto Cabrera Alfaro dio pie a que la defensa del acusado acusará a la FGR y a la propia asesoría jurídica de mezclar una investigación que está curso con la imputación específica de que hubo una entrega de perfiles genéticos ocurrida el 31 de mayo del 2017.

El abogado Javier Cruz Ángulo explicó que en los interrogatorios y contrainterrogatorios del juicio oral, los testigos de la Fiscalía confundieron constantemente los hechos que estaban sujetos a juicio, ya que que se abordaron al menos tres presuntas entregas de material genético y la suscripción de dos oficios sobre este tipo de hechos, uno del 2017 y otro del 2018.

Por lo anterior, el ex director de la Clínica de Interés Público del CIDE acusó a la Fiscalía y a la asesoría jurídica de la CNB de contaminar el proceso penal que está en curso y de dañar una investigación que no ha concluido, además de solicitar al juez no caer en esa trampa, ya que la única imputación que estaba en juicio era lo relacionado con la presunta entrega de perfiles genéticos registrada, presuntamente, el 31 de mayo del 2017.

En su alegato de clausura, Cruz Ángulo refrendó la teoría del caso de la defensa y negó que Roberto Cabrera se haya reunido con Mariana García Sosa en la fecha citada, cuestionando una vez más la credibilidad de la accionista de ADN México, derivado de todas las contradicciones en que incurrió, entre ellas la revelación de que fue acompañada el día de los hechos por María del Puerto Molina Gordillo, una ciudadana de origen español que no había sido mencionada por García Sosa en sus declaraciones previas.

Para el defensor, la sospecha sobre esta persona obedece a que la FGR no la buscó para declarar a lo largo del proceso y a la imposibilidad de localizarla en territorio nacional, hechos que resultaban favorables para la acusación, ya que la defensa no pudo corroborar esta afirmación.

De igual forma, insistió en que su cliente aterrizó en la Ciudad de México, proveniente de Culiacán, Sinaloa, a las 18:05 horas; por lo que fue a partir de ese momento que el policía federal que le fue asignado como escolta, Fredy Navarrete Hernández, pasó por él para llevarlo a su domicilio ubicado en Santa Fe, utilizando la Supervía y evitando la ruta Viaducto-Constituyentes por ser más lenta. 

 

Agregó que en el escrito inicial de acusación, la FGR se había comprometido a demostrar que los hechos habían ocurrido a las 18:00 horas, algo materialmente imposible, ya que en ese momento su cliente se encontraba en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A esa imposibilidad, agregó el abogado, se suman las contradicciones de Mariana García Sosa al momento de comparecer ante el tribunal de enjuiciamiento, debido a que no fue capaz de precisar la hora de la reunión con Roberto Cabrera en la sede de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ubicada en Constituyentes 947.

Javier Cruz destacó que ella refirió que la entrega de perfiles genéticos habría ocurrido entre 4 y 5 de la tarde, cuando su defendido se encontraba en vuelo, por lo que ambos elementos eran suficientes para poner en duda su testimonio, sin que el oficio firmado por Cabrera Alfaro fuera suficiente para acreditar el delito que se le imputa por la supuesta entrega de información confidencial y reservada.

Testimonio inválido

La respuesta de la FGR y de la asesoría jurídica es que el testimonio de Fredy Navarrete era incluso más cuestionable que el de Mariana García Sosa, a quien calificaron como una testigo confiable que no recordaba horas precisas por el paso de los años y carente de todo aleccionamiento, deficiencia que si atribuyeron al elemento de la Policía Federal.

El Fiscal de la FGR, Julio Cobos Castillo, destacó que el actual integrante de la Guardia Nacional fue incapaz de recordar eventos traumáticos como el día exacto en el que fue herido de bala en una agresión de “Los Caballeros Templarios”, pero en cambio recordó la fecha precisa de un traslado al aeropuerto.

Cobos Castillo cuestionó que la buena memoria del agente policiaco se haya dado luego de estar en contacto con Roberto Cabrera, quien fue su jefe directo entre 2016 y 2019, además de señalar que el propio Fredy Hernández admitió que al principio no recordaba lo sucedido el día de los hechos, por lo que se vio obligado a pedir ayuda a otro de sus compañeros identificado como Gabriel.

En este sentido, consideró que la defensa del ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, primero en la CNS y luego en la Comisión de Búsqueda, debió presentar como testigo al policía federal de nombre Gabriel y a una mujer identificada como Martha, la cual habría asignado a Fredy Hernández la tarea de recoger en el aeropuerto a Roberto Cabrera.

La defensa hizo el mismo señalamiento para el caso de María del Puerto, la supuesta acompañante de Mariana García Sosa en el encuentro celebrado el día de 31 de mayo del 2017, así como para el personal de la Comisión Nacional de Seguridad que habría recibido a la representante comercial de la empresa Central ADN el día de los hechos, es decir, a los elementos de la Policía Federal que la dejaron ingresar al complejo de Constituyentes 947, a las secretarías que la registraron y al personal de informática que podía haber hecho un análisis forense de las cámaras y registros de esa dependencia.

Todos estos elementos tendrán que ser analizados por el juez de la causa al momento de dictar su sentencia, misma que se dará en audiencia pública este jueves a las 16 horas con 30 minutos en una sala de juicios orales ubicada en el Reclusorio Sur