5 periodistas asesinados durante el gobierno de Duarte

El asesinato de la periodista Regina Martínez, el sábado 28 en su casa de Xalapa, vuelve a golpear al medio periodístico y conmociona a la sociedad mexicana, que vive inmersa en una espiral de violencia e impunidad que no terminan.

Regina Martínez era desde hace 10 años corresponsal de la revista Proceso en Veracruz.

La tarde del sábado unas vecinas denunciaron a la policía que su casa, extrañamente, se encontraba abierta, y que no había ruidos. Cuando llegó la policía, la encontraron muerta en el baño, golpeada en la cara y cuerpo.

Los primeros reportes de los peritos dicen que presentaba indicios de haber sido estrangulada. Y que habría muerto unas 12 horas antes, entre las 4 y 5 de la mañana del sábado 28.

Desde la tarde del sábado, la Procuraduría de Justicia de Veracruz abrió una investigación. El gobernador Javier Duarte ordenó la integración de un grupo especial de investigadores para esclarecer el asesinato.

Por la noche, la noticia comenzó a esparcirse y varios medios y periodistas censuraron el hecho y exigieron al gobierno de Duarte que esta acción no quede impune.

El domingo los directivos de Proceso se entrevistaron en Xalapa con el gobernador Duarte, quien les ofreció investigar “hasta las últimas consecuencias”, expresión ya gastada en el lenguaje de los funcionarios públicos.

“No les creemos y se los hicimos saber”, dice el texto del posicionamiento emitido el domingo por la revista. Ante ese escepticismo, el gobierno de Veracruz solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. Proceso anunció que colaborará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.

Los casos de Regina

Regina Martínez era corresponsal del semanario y era también una sólida reportera de investigación.

En 2007 reveló muchos detalles del caso de la indígena Ernestina Ascencio, la indígena de la Sierra de Zongolica ultrajada por presuntos militares en febrero de ese año, quien según la versión oficial murió de una “gastritis aguda”.  Por ese caso recibió amenazas.

En los años siguientes publicó investigaciones sobre el gobierno de Fidel Herrera, sobre la presencia del narco en el estado. Sus temas centrales eran corrupción, homicidios, violencia y violaciones a derechos humanos.

El pasado viernes 27 de abril la agencia APRO difundió la última nota escrita por Regina Martínez sobre la investigación de la muerte del líder perredista y coordinador del Frente Amplio Social (FAS), Rogelio Martínez, ocurrida el jueves 26.

Su nota fue un texto premonitorio: “El ex líder perredista en Veracruz fue hallado sin vida en su domicilio particular, ubicado en la colonia Puente Roto del puerto veracruzano, hasta donde acudieron agentes del Ministerio Público para dar fe de los hechos.

“(…)  Sin conocer aún el resultado, las autoridades se aventuraron a dar un primer reporte en el sentido de que Martínez Cruz ‘falleció por causas naturales’. Familiares y testigos revelaron que la casa del dirigente del FAS ‘se encontraba en completo desorden’, y que faltaban algunas pertenencias personales de la víctima”.

Veinticuatro horas después Regina murió, también en su domicilio, en circunstancias extrañas.

Condena generalizada

Periodistas, escritores y usuarios de redes sociales protestaron desde la noche del sábado e intensamente este domingo reprobando el hecho.

Un amplio grupo de comunicadores veracruzanos condenaron  el crimen de la corresponsal, y exigieron al gobierno federal y estatal que el hecho no quede impune.

A través de Twitter la noticia se esparció el domingo, y desde ese medio se difundieron ampliamente los mensajes de solidaridad con la revista, mientras organizaciones civiles, activistas, manifestaron su apoyo e indignación.

Ayer,  las primeras manifestaciones organizadas en sólo unas horas, se llevaron a cabo en Veracruz, Distrito Federal, Morelos y Puebla. La consigna de repudio, la consigna de unidad “Todos somos #ReginaMartínez”.

La noticia fue retomada por los principales medios nacionales en sus ediciones del domingo y a través de sus portales de internet.  A nivel internacional, el caso fue retomado por varios medios que nuevamente destacaron que México resulta uno de los países más violentos para ejercer el periodismo.

El hecho despertó la indignación de miembros del gremio periodístico, organizaciones civiles, activistas, autoridades y de su casa editorial, la revista Proceso.

Pronunciamientos federales

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, condenó el hecho e indicó que la muerte de la corresponsal de Proceso constituye “un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acordó abrir de oficio una investigación sobre el asesinato de la periodista. El comunicado de la CNDH señala que el organismo autónomo ve con especial preocupación los agravios a comunicadores, “porque esos hechos vulneran el derecho de toda la población a estar debidamente informada”.

Veracruz, foco rojo para periodistas

Con este caso son cinco los comunicadores muertos en esa entidad entre 2010 y 2011.

En 2011 fueron asesinados la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz;  Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector editorial de Notiver, y su hijo, Misael López, fotógrafo del mismo medio. Asimismo, Noel López Olguín, reportero de los semanarios Horizonte y Noticias, de Acayucan, y del diario La Verdad, cuyos restos aparecieron en junio en una fosa, tras su desaparición tres meses antes.

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