AMLO pone en riesgo la validez de la elección presidencial | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“¡Cállese, ciudadano presidente!, deje
de estar gritando como chachalaca“

Andrés Manuel López Obrador *

De manera reiterada el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incumplido el especial deber de cuidado que tiene debido al cargo que ocupa y por el que está obligado a no realizar comentarios, opiniones o señalamientos en relación con los procesos electorales, los partidos políticos, las y los aspirantes a cargos de elección popular y las y los precandidatos y candidatos.

Desde 2021 la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dictado medidas cautelares para que el presidente de la república deje de emitir mensajes contrarios a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad contenidos en el artículo 134 constitucional, de los que deriva ese especial deber de cuidado.

De 2021 a la fecha, tanto en los procesos electorales como en los de consulta popular y de revocación de mandato, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) ha confirmado las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para que el presidente de la república modificara o eliminara de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de sus conferencias matutinas comentarios emitidos por él y cuyo contenido es contrario a lo que establece el artículo 134 constitucional.

De manera frecuente el presidente de la república ha desacatado o cumplido a regañadientes las medidas cautelares del INE y del TEPJF y reiteradamente ha reincidido en la falta. Incluso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha recurrido a chicanas para intentar eludir el cumplimiento de dichas medidas. Estas violaciones constitucionales del presidente López Obrador afectan de manera grave la equidad en la contienda y ponen en riesgo la validez de la elección presidencial de 2024.

El presidente López Obrador debiera tener en cuenta lo sucedido en los comicios de 2006 cuando las ilegales declaraciones del entonces presidente Vicente Fox, con las que buscaba favorecer al candidato panista Felipe Calderón en detrimento de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pusieron en riesgo la validez de la elección presidencial.

No obstante que en 2006 no existía el texto del artículo 134 constitucional que contiene los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en materia electoral, pues el mismo fue producto de la reforma constitucional de 2007 que en muy buena medida se explica por lo acontecido en el proceso electoral del año previo, los mensajes y declaraciones de Vicente Fox podrían haber provocado la invalidez de la elección presidencial de 2006.

En las páginas 202 y 203 del dictamen relativo a la declaración de validez de la elección presidencial de 2006, aprobado por unanimidad por la Sala Superior del TEPJF, se señala:

“Sin embargo, esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican en esta determinación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas”.

Una de las razones por las que la Sala Superior del TEPJF llegó a la conclusión de que las declaraciones de Vicente Fox no fueron determinantes para el resultado de la elección fue la existencia de los acuerdos de la tregua navideña y de neutralidad y la suspensión de la publicidad institucional ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, en las páginas 201 y 202 del dictamen se señala:

“… de modo que la eventual afectación a la libertad del voto que hubiera podido resultar de lo manifestado por el titular del ejecutivo federal, se debilitó casi en su totalidad, por la actividad desplegada por el Instituto Federal Electoral y el poder legislativo mediante la promoción de la controversia constitucional que dio lugar a la medida precautoria de suspensión de esa publicidad institucional decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

A pesar de este importante precedente, durante los meses de mayo, junio y julio de 2023, como lo ha venido haciendo de manera contumaz en los años anteriores, el presidente López Obrador ha incurrido nuevamente en esa inconstitucional práctica. En un periodo de dos meses -entre el 17 de mayo y el 20 de julio- la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha dictado medidas cautelares dirigidas al presidente de la república en cinco ocasiones y el TEPJF en dos.

En los siete casos, las medidas cautelares han tenido la finalidad de que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de los partidos políticos de la oposición y de las y los aspirantes a la candidatura presidencial y a otros cargos de elección popular, de hacer llamados al voto a favor de Morena o a no votar por las oposiciones y de usar recursos públicos en propaganda con fines electorales. Consistentemente, el TEPJF ha ido confirmando las medidas cautelares dictadas por el INE.

Además, en todos estos casos la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y el TEPJF ordenaron al presidente López Obrador que eliminara o modificara los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas correspondientes a trece de sus “mañaneras”, por contener comentarios relacionados con las elecciones en el Estado de México y Coahuila y con el proceso electoral de 2024 y/o señalamientos a los partidos políticos de la oposición o a las y los aspirantes a la candidatura presidencial. En tres de ellas refiriéndose específicamente a la aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez. Esta semana nuevamente el presidente López Obrador ha sido denunciado ante el INE por emitir opiniones relacionadas con las elecciones presidenciales de 2024 al divulgar una encuesta que da una amplia ventaja a Morena.

Los reiterados desacatos del presidente de la república a las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE llevaron a que el 20 de abril de este año, después de varios apercibimientos y requerimientos para que cumpliera con lo dictado en aquellas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE impusiera una amonestación pública al presidente López Obrador, medida de apremio que fue confirmada por el TEPJF el 7 de junio de 2023.

El especial deber de cuidado al que están obligados todos los servidores públicos en el desempeño de sus funciones para evitar poner en riesgo los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad se encuentra desarrollado por el TRIFE en una línea jurisprudencial clara y consistente a partir de las adiciones al artículo 134 de la Constitución Federal incorporadas en 2007, con las que se buscó que no se volvieran a utilizar el poder político y los recursos públicos para favorecer o atacar a un partido o candidato, como en la campaña electoral de 2006.

La línea jurisprudencial del especial deber de cuidado que tiene los servidores públicos para preservar los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad busca hacer efectivo el cumplimiento de lo que dispone el artículo 134 constitucional para que quienes tienen funciones ejecutivas o de mando en los tres órdenes de gobierno no utilicen los recursos públicos con fines electorales, ni aprovechen el cargo público que ocupan para influir en la ciudadanía en favor o en contra de partidos o candidaturas.

Por su posición como jefe de estado y de gobierno, el presidente de la república debe ser particularmente cuidadoso en cumplir con este deber para evitar provocar la invalidez de las elecciones del próximo año. Alguien debe explicarle al presidente López Obrador que su estrategia electoral con la que pretende ayudar a su partido, utilizando la posición de poder privilegiada que ocupa, podría resultarle contraproducente y provocar que se invalidara un eventual triunfo de la candidata o candidato presidencial de Morena en 2024, sobre todo si su victoria fuera muy apretada.

* Andrés Manuel López Obrador es presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos