La 4T es AMLO (Primera parte)

Por Héctor Tajonar

A dos años de su entrada en vigor tras la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, la “Cuarta Transformación” ha zangoloteado al país sumiéndolo en una mezcla de incertidumbre y polarización sin precedentes cercanos.

¿Qué significa la 4T? ¿Cuáles son sus principales logros y cuáles sus compromisos pendientes? ¿En qué consiste el “cambio de régimen” que la acompaña? ¿Cómo se puede definir y dónde se podría clasificar al gobierno actual con las herramientas de la política comparada?   

La 4T es AMLO. Ambos conforman una entidad indivisible convertida en un fenómeno político inédito en la historia reciente del país que merece ser analizado  en toda su complejidad antes de denostarlo o  reverenciarlo. 

A un tiempo proyecto político y concepto propagandístico, la 4aT coloca a su creador en la cima del altar patrio, desde donde ejerce su dominio predicador sustentado no sólo en la legitimidad obtenida en las urnas sino en una identidad  imaginaria creada por una audaz estrategia de comunicación política. El gobernante y actor consagrado se ha adueñado de la escena política nacional y ejerce a plenitud una hegemonía comunicacional.

Mezcla de realidad y ficción, la dualidad 4T-AMLO obtuvo 30 millones de votos y el 53 por ciento de los sufragios emitidos (de un padrón electoral de 90 millones de ciudadanos), mediante un hábil manejo de la dimensión simbólica del poder. La proeza fue resultado de tres factores: Una sólida campaña de persuasión basada en un diagnóstico certero del país y la utilización del hartazgo político de la sociedad mexicana. Segundo, la trayectoria y el trabajo de López Obrador a ras de tierra recorriendo todos los municipios del país. Ello le permitió recoger los despojos corporativos del PRI y formar un movimiento, hoy en crisis, que logró pintar de morado el territorio nacional en 2018 e imponer su hegemonía en el Congreso (con métodos priístas). En tercer lugar, haberse enfrentado a dos políticos bisoños.

Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro

La contundencia de su victoria hizo posible que López Obrador consolidara una imagen de cercanía con las masas populares, así como de austeridad y honestidad. Mediante una astuta combinación de hechos y apariencia, el Supremo Poder Ejecutivo se ha ubicado como un político diferente a quienes lo precedieron en el cargo: “Nosotros somos distintos”, “yo nunca miento”, “nosotros tenemos autoridad moral”.

Incapaz de mentir, sin propiedades a su nombre y sólo una cuenta de cheques donde se deposita su remuneración como presidente, reducida a la mitad con relación a la de su antecesor. Se transportaba en auto compacto (ahora lo hace en una caravana de Suburbans blindadas), viaja en aviones comerciales (rifará el avión presidencial porque no lo pudo vender) y decidió convertir la residencia cardenista de Los Pinos en “centro cultural” para vivir en la austeridad republicana juarista de Palacio Nacional. Para él, “la política es un imperativo ético”. 

Resultado de ese imaginario, la inmaculada superioridad moral del presidente López Obrador es el precepto de fe de la Cuarta Transformación. Por obra y gracia del pensamiento mágico y la propaganda omnipotente, la 4aT se erige como un proyecto político irrefutable e infalible. Sólo los conservadores, neoliberales, hipócritas y corruptos son capaces de dudar de la veracidad de tal axioma fundacional. El pueblo sabio está obligado semper, et pro semper a venerar el precepto de fe. La infidelidad se castiga con la conocida severidad del supremo poseedor de la justicia cuatroteísta. O estás conmigo o estás contra mí.

El proyecto de la 4T

Edificado sobre esa superioridad moral imaginaria, el proyecto de  López Obrador -sintetizado en el lema “por el bien de todos, primero los pobres”- promete acometer “una auténtica regeneración de la vida pública de México” y “cambiar la mentalidad del pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo”. Adicionalmente, hizo cuatro compromisos concretos: Abatir la corrupción y la impunidad. Recuperar la paz y la seguridad públicas. Combatir la pobreza y la desigualdad. Lograr un crecimiento económico de al menos 4 por ciento anual. 

Difícil disentir de tan loables propósitos pero la gobernanza se mide por sus efectos no por sus postulados. Hasta el momento, los resultados de esos cuatro retos largamente anhelados presentan tendencias regresivas que hacen prácticamente imposible su cumplimiento, sobre todo después de la pandemia.  Si bien el éxito o fracaso de la Cuarta Transformación se podrá valorar con precisión hasta el final del sexenio, a dos años del triunfo electoral las buenas intenciones de la 4T no se han traducido en políticas públicas coherentes y eficaces. Es más fácil llegar al poder que gobernar bien.

Corrupción e impunidad 

En su discurso de toma de posesión, López Obrador resumió en una frase el plan de su gobierno: “acabar con la corrupción y la impunidad.” La forma de lograrlo  combina dos métodos discordantes, con resultados contradictorios. Por un lado, ha hecho un diagnóstico acertado del problema al denunciar la existencia de una “minoría rapaz” que durante el período neoliberal convirtió a la corrupción en la principal función del poder político en complicidad con el poder económico. El problema es que algunos de los miembros de la -antigua y nueva- “mafia del poder” son cercanos a su gobierno y reciben contratos millonarios a cambio de lealtad a la 4T. Asimismo, se han tomado decisiones correctas, con buenos resultados: considerar a la corrupción como delito grave, perseguir la evasión de impuestos a gran escala, combatir el huachicoleo y haber iniciado procesos judiciales contra figuras relevantes del ámbito político y privado.  

En contraste, se ha exhibido un voluntarismo mágico basado en la peregrina creencia de que si el Presidente es honesto todo los demás se dará por añadidura. Ha ofrecido una arbitraria “amnistía” a los corruptos que ha despertado suspicacias sobre presuntos pactos de impunidad. La proliferación de contratos mediante asignación directa así como de casos de corrupción impune dentro de su gobierno y su partido contradicen su discurso.   

Además, dicho voluntarismo intenta anular el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación, cuyas funciones son precisamente fiscalizar y auditar la acción de gobierno. Las instituciones autónomas le incomodan profundamente al mandatario porque él no las controla y por ello quiere eliminarlas. La transparencia no es lo suyo.

Por tanto, su reiterada afirmación de que “somos un auténtico Estado de derecho” no se acredita con hechos sino sólo con el apotegma juarista repetido ad nauseam como demostración axiomática, no empírica: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Si se piensa en casos como el de la exoneración de Manuel Bartlett o del oculto apoyo a la directora de Notimex, otra frase atribuida al Benemérito resultaría más adecuada al proceder cuatrotéista en materia de combate a la corrupción: “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas.”  

Paz y seguridad pública

Agudo productor de frases para justificar estrategias políticas dudosas o inexistentes, el mandatario ha caído en extremos patéticos en un tema tan grave y sensible como el de la seguridad de los ciudadanos, responsabilidad primordial del Estado. Ofrecer “abrazos no balazos” como método para enfrentar al crimen organizado haciéndose pasar por ‘humanista”, argumentando que “el fuego no se combate con el fuego” y que su estrategia consiste en “atacar las causas del problema” mediante la creación de “becarios, no sicarios”, es una insensatez    

En el primer año y medio del gobierno de la Cuarta Transformación, la tasa de homicidios duplica la de Calderón y es 55% más alta que con Peña Nieto. Durante esos 18 meses 53 mil 638 personas han sido asesinadas, entre ellas más de 5,800 mujeres y 1,800 menores. Es el primer año y medio más violento en lo que va del siglo, con un promedio de 100 asesinatos diarios (Animal Político, 22/06/2020).

Todo ello a pesar de la -errática y desordenada- creación de la Guardia Nacional y de la subrepticia militarización del país, lo cual representa un serio riesgo a los derechos humanos además de un viraje radical a su oferta de regresar a los militares a los cuarteles. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar el decreto que faculta al Ejecutivo Federal a utilizar las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la cual ya fue aceptada a trámite por el Tribunal Supremo.

Todo ello revela la carencia de una estrategia sólida para enfrentar la violencia criminal y asegurar la seguridad de la sociedad. La situación se ha agravado en los últimos días tras el operativo en Guanajuato contra el Cartel Santa Rosa de Lima   y, sobre todo, por el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, perpetrado por el Cartel Jalisco Nueva Generación  en las Lomas de Chapultepec, que representa un desafío frontal y brutal contra el Estado.

Los antecedentes de la visita de López Obrador a Badiraguato durante su campaña con un mensaje conciliatorio al Cartel de Sinaloa (CS), sumado al saludo del presidente a la mamá del Chapo y la intercesión gubernamental a su favor; además de la liberación de Ovidio Guzmán por orden presidencial, revelan claramente un trato especial hacia el CS que despierta suspicacias ciudadanas y furia en los otros carteles. Todo ello augura un incremento de la violencia criminal, ahora también en la CDMX. Ante el patente fracaso de la política de la 4T en la materia es impostergable una rectificación de fondo.

Pobreza y desigualdad

Desde su nacimiento como nación, México ha sido un país escindido, profundamente desigual y gobernado por políticos ávidos de poder y riqueza que a lo largo de dos siglos han sido incapaces de abatir la pobreza, la marginación, la ínfima calidad de la educación y la deficiencia de los servicios de salud. A dos años de la entrada en vigor de la “Cuarta Transformación”, la solución a esos rezagos ancestrales sigue pendiente. 

Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro

No obstante, la política social es uno de los pilares del gobierno del presidente López Obrador. Ahí pueden encontrarse sus más nobles propósitos y sus mayores aciertos, aunque lamentablemente también algunos de sus grandes errores. 

Durante la ceremonia vespertina en el Zócalo, donde recibió el bastón mando de los pueblos originarios después de haber tomado posesión como Presidente Constitucional en el Congreso, el mandatario asumió otros cien compromisos para construir “una modernidad desde abajo y para todos”. Un año más tarde, en el discurso para celebrar el primer  aniversario de su gobierno, afirmó que ya se habían cumplido 89 de ellos y aseguró que para diciembre de 2020 ya estarían construidas las bases para la creación de una “patria nueva”. 

Menciono algunas de las promesas: Atención especial a los pueblos indígenas y a todos los mexicanos con prioridad a los pobres, becas educativas diversas, creación de 100 universidades públicas, aumentar la pensión para adultos mayores y apoyo a discapacitados pobres, trabajo como aprendices a jóvenes desempleados, apoyos a pequeños productores agrícolas y pescadores, plantar dos millones de hectáreas de árboles para reforestar y crear 400 mil empleos, cancelar gasolinazos, creación del Banco del Bienestar, austeridad republicana, cancelar fideicomisos, reducir en 50% los gastos de publicidad del gobierno, convertir a la corrupción en delito grave sin derecho a fianza, cancelar la pensión a ex presidentes, crear la Guardia Nacional, respetar la libertad de expresión y elaborar una Constitución Moral.

Muchos de estos compromisos son loables en teoría, pero criticables por su falta de transparencia sobre sus resultados y por su evidente carácter clientelar.

Además se incluyen sus muy cuestionables obras de infraestructura, el Tren Maya y la refinería en Tabasco, así como dos de sus garrafales errores: la aberrante cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México para construirlo en Santa Lucía, así como la supresión de raíz de la reforma educativa y desaparición del INEE para complacer a la aguerrida CNTE. También hay promesas francamente falsas o demagógicas: Establecer “un sistema de salud de primera como el de los países nórdicos”, descentralizar el gobierno, convertir a Los Pinos en “centro cultural”, promover la investigación científica y tecnológica, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables, así como  acabar con el influyentismo y transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos. 

Crecimiento económico incluyente

Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

La promesa de crecimiento económico de al menos el 4% no se consiguió en el primer año de este gobierno. En 2019 hubo un estancamiento del – 0.1%. Si ya el panorama económico del país era difícil, la pandemia lo empeoró. Las predicciones de los organismos nacionales e internacionales son desoladoras.

El CONEVAL prevé un incremento de la pobreza extrema de 6.1 por ciento, lo que equivale a que habrá 10.7 millones más de mexicanos en situación de miseria en 2020.  Para la pobreza laboral (la población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral) se estima un aumento de 37.3 a 45.8 en el segundo semestre de 2020.

Por su parte, el INEGI informa que “la población no ocupada con disponibilidad para trabajar, pero sin buscar activamente un empleo, pasó de 5.9 millones en marzo de 2020, a 20 millones de personas en abril de 2020, lo que equivale a un incremento de 24.5 puntos porcentuales”. 

De acuerdo con el informe más reciente del Fondo Monetario Internacional, la economía de México decrecerá -10.5 por ciento en 2020, en tanto que la de Estados Unidos retrocederá –8%. En América Latina la caída del PIB será de –9.4% en promedio.  El Presidente tiene otros datos. Calificó de pesimista el informe del FMI y dio prioridad a “la felicidad del pueblo” sobre el crecimiento económico. 

En mayo se perdieron 344 mil empleos, el mandatario estima que en junio se perderán entre 120 y 130 mil empleos “y en julio ya no habrá pérdida de empleos porque ya tocamos fondo”. Y remató: “¿Cómo voy a estar pesimista? Eso solamente los que les ha dio mal y están enojados, pero nosotros tenemos que cantar: ¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro, tenemos que salir adelante, eso es parte de nuestra salud, si estamos amargados, con odios, nos enfermamos.”

La evasiva presidencial se explica por su preocupación ante la recesión económica que representa una amenaza, al parecer insuperable, contra la viabilidad del proyecto y los compromisos de la Cuarta Transformación. Adicionalmente, aumenta la oposición al gobierno mientras desciende la popularidad presidencial y se aproximan las elecciones intermedias de 2021.

(En mi siguiente entrega abordaré las dos últimas preguntas enunciadas al inicio de este texto).