Ombudsman venezolano omite “faltas graves” a derechos humanos, acusa oposición

Diputados opositores de la Asamblea Nacional venezolana acusaron al ombudsman, Tarek William Saab, de cometer omisiones en su deber de señalar las violaciones graves contra los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Ante esta situación, los legisladores pidieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una calificación de “falta grave” para el defensor del pueblo, con el fin de avanzar en su remoción.

A las afueras del máximo tribunal, el legislador Juan Miguel Matheus de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que la petición se sustenta en el artículo 25 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, que establece que la remoción del ombudsman se decidirá por dos terceras partes de los miembros del Congreso.

La decisión del TSJ se tomará “mediante debate” parlamentario y “previo pronunciamiento” del Tribunal Supremo, abundó el legislador opositor.

Matheus, quien estuvo acompañado del diputado José Guerra, aseveró que Saab “no ha adelantando ninguna gestión verdadera” en cuanto a la “reparación de los derechos fundamentales” en el contexto de las manifestaciones que se desarrollan a favor y en contra del gobierno venezolano desde el pasado 1 de abril.

“Si la Sala Plena, en el activismo judicial que tiene en su parcialidad hacia el régimen, omite constitucionalmente su deber de calificar las faltas graves, la Asamblea Nacional podrá resolver lo que estime a bien por los intereses del pueblo de Venezuela”, enfatizó.

El pasado 27 de junio, el TSJ emitió una sentencia en la cual indicó que la Defensoría del Pueblo puede participar en investigaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos que puedan existir en Venezuela.

Según el fallo, la dependencia puede “promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: la realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras” .

El Tribunal Supremo agregó que el defensor “ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos” .

“En el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas”, apuntó la sentencia del TSJ.

(Xinhua)