“Tlatlaya en la encrucijada por la verdad”: Artículo 19

Por David Mora*/ Artículo 19 @dmoravera

El 28 de junio de 2015, días previos al primer aniversario de la masacre de Tlatlaya, el secretario de la Defensa dio una extensa entrevista a El Universal. En ésta, Cienfuegos formuló que la incapacidad del Estado para aclarar lo sucedido en Tlatlaya resulta de la reforma al fuero militar, la que limitó al Ejército para procesar los hechos efectivamente: “nuestra justicia sí es pronta y expedita… estos problemas los solucionamos rápido”, afirmaba el General.

Su lógica, si bien errada, se comprobaría pronto. Menos de cuatro meses después, el 14 de octubre, en las sombras del Campo Militar número 1, el coronel Manuel Javier Francisco concluyó un expediente más, probablemente con la instrucción de “solucionar rápido” el “problema” que éste suponía. Ese día, el Juez sexto militar ordenó la libertad de los seis soldados que participaron en la masacre de Tlatlaya. Como corolario sentenció al Teniente Ezequiel Rodríguez por el delito de desobediencia a un año de prisión, tiempo que para entonces había cumplido ya bajo proceso.

Meses después, el polémico Adalid Ambriz Landa, que ahora despacha en el Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, complementaría la dosis de impunidad desde la jurisdicción civil. El 14 de mayo, con los elementos aportados por la investigación de la Procuraduría General de la República en sus manos, liberó a los últimos tres soldados que permanecían recluidos por estos hechos y ratificó la libertad ordenada anteriormente a favor de los cuatro restantes.

Así, parados a dos años de los hechos, todos los procesados están en libertad y el caso sumido en la impunidad. Las dudas, por supuesto, persisten.

¿Quiénes están implicados en la emisión y ejecución de la orden para “operar de noche en forma masiva (…) a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”? ¿Hasta qué grado en la cadena de mando escalan las responsabilidades por los sucesos y por las decenas de irregularidades que siguieron, que incluyen modificar la escena del crimen, sostener versiones falsas de los hechos y dilatar una investigación inmediata? ¿Por qué se insistió en investigaciones paralelas en las dos jurisdicciones?

Una grieta para despejar éstas y otras dudas más fue abierta por el Juez primero en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López. En diciembre de 2015 ordenó al Instituto Nacional de Transparencia revocar su resolución que solapaba la opacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, ordenando la publicidad de la averiguación penal militar y el acceso a la misma para periodistas de Aristegui Noticias. Para él, no cabe duda, las graves violaciones cometidas en Tlatlaya no admiten que la información permanezca reservada.

Que se haga público el expediente militar, sin embargo, no será posible. Recientemente el Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia dio reversa a la decisión, fallando a favor de las revisiones interpuestas por la Sedena y la PGR –y originalmente la del Instituto Nacional de Transparencia, que luego se retiró–.

En una breve sentencia, los magistrados Pablo Domínguez Peregrina, Marco Antonio Bello Sánchez y María Elena Rosas defendieron el ingenuo y engañoso argumento de que era formalmente imposible que la jurisdicción militar hubiera tenido conocimiento de las violaciones graves. En adición, producto de la inventiva de la magistrada Rosas que redactó la sentencia, el Tribunal duda de la gravedad de los hechos, muy a pesar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y otros mecanismos del Sistema de Naciones Unidas la han comprobado ya. Incluso llega a negar que la CNDH pueda determinar la comisión de graves violaciones, alegando que sólo está facultada para investigarlas y no para concluir si se constituyen o no.

La decisión del tribunal, además de adolecer seriamente de hechos y derecho, pone en una seria encrucijada la búsqueda de verdad. Al estancamiento político y técnico demostrado por los sistemas de justicia civil y militar para procesar penalmente a los alegados responsables y sostener una mínima narrativa procesal, se suma la imposibilidad de que, por ahora, ejercicios de investigación ajenos al sistema penal arrojen luces sobre los sucesos y las responsabilidades.

Tlatlaya es un testimonio claro y vivo de la necesidad que tenemos de romper definitivamente el monopolio de la información que mantienen las autoridades de seguridad y justicia. La masacre y sus víctimas tienen su justa dimensión gracias a los periodistas que nos llevaron a repensar la argucia de los gobiernos mexiquense y federal. Si fuese por estos últimos, simplemente sería otro más en los miles de enfrentamientos durante la administración de Peña Nieto; otro más en los que se pretendía normalizar que la pericia y profesionalización del Ejército multiplica exponencialmente muertos sobre heridos, como insiste Cienfuegos.

Irónicamente, el General que se quejaba a través de El Universal que en Tlatlaya hacía falta información, ahora está respaldado por un Tribunal para seguir ocultándola. Pero no sólo eso: la decisión de los magistrados aleja al Ejército y a la jurisdicción militar de los controles democráticos y facilita que la administración federal se “resista obstinadamente” a rendir cuentas.

En adelante, la grieta de información que cerró el Tribunal y sus perjudiciales efectos deben servir como un recordatorio constante para el INAI y el Poder Judicial: el Ejército no es ajeno a la democracia ni al Estado de derecho, y por tanto no es intocable para ustedes.

*David Mora es oficial adjunto del Programa de Acceso a la Información, de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica