Ley de Telecomunicaciones: circo a 3 actos | Artículo de David Ordaz

Por: David Ordaz

PRIMER ACTO

El pasado 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que, de acuerdo con la versión del gobierno, busca regular el espectro radioeléctrico y proteger a la ciudadanía de contenidos nocivos. 

Al día siguiente, las comisiones unidas de la Cámara Alta aprobaron el dictamen que llegó una noche antes, sin leer el contenido y desconociendo totalmente el contenido de la misma.

SEGUNDO ACTO

En eso que se conoce como las letras chiquitas, se revela que la redacción de la iniciativa abre la puerta a prácticas autoritarias y vulnera derechos humanos fundamentales. Entre los puntos más controvertidos es el artículo 109, que faculta al Estado para bloquear plataformas digitales bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y el orden público.

La falta de claridad y una redacción precisa generó gran preocupación y reacción de propios y extraños, ya que la interpretación de la ley podría aplicarse con discrecionalidad, llegando a alcances como censurar contenidos críticos al gobierno o restringir el acceso a la información.

TERCER ACTO

La presidenta Sheinbaum negó cualquier intención de censura y ordenó revisar el artículo para eliminar ambigüedades. Sin embargo, genera alarma la posibilidad de que el Ejecutivo tenga el poder de bloquear plataformas sin un marco claro de actuación, principalmente ante el escenario actual de apoderarse del Poder Judicial a partir del 1 de junio.

EL RESTO DEL CIRCO

Uno de los elementos que más controversia han generado de esta ley es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá funciones que antes correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que lleva a la crítica sobre la alta concentración de poder en una sola institución y una sola persona, comprometiendo la imparcialidad en la regulación del sector y la alta posibilidad (es un hecho) de actuar como un ente político, censurando o favoreciendo a medios afines al gobierno.

Las grandes críticas versan sobre las facultades del gobierno para bloquear plataformas digitales, la concentración del poder regulador y la restricción de contenidos extranjeros, lo que plantea dudas sobre el respeto a la libertad de expresión. 

Si bien la oposición califica la reforma como un atentado contra la democracia y los derechos humanos, la califican como la Ley Censura e incluso como la ‘Primavera árabe de la 4T’, lo cierto es que PRI y PAN no tienen mucha cara con que defenderse. En sus gobiernos, esos derechos fundamentales que hoy “defienden”, también los usaron de forma discrecional cuando les convenían. En resumen, PRI, PAN, Morena y demás, todos son iguales.

Dice Morena y sus huestes que este proyecto de Ley es una herramienta para apuntalar a México en la industria 4.0, y con una estrategia clara sobre el aprovechamiento del nearshoring, el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial y otras innovaciones que hacen parte del ecosistema digital alrededor de la tecnología 5G.

Además, definirá el marco de la gobernanza digital de México de cara a las siguientes décadas, de ahí que su aprobación en el Congreso de la Unión requiere antes de una discusión profunda.

La radiodifusión implica a radios públicas, sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas, donde el Estado reserva un tramo de la banda de FM y otro de la banda de AM para las estaciones sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas, aumenta sus tiempos hasta en 30 minutos, destinados a temas educativos, culturales o de interés social y serán administrados por la Secretaría de Gobernación, mientras que las empresas privadas podrían enfrentar penas económicas equivalentes al 2 y 5% de sus ingresos.

Por su parte, en materia de telecomunicaciones, las plataformas digitales con distribución de contenidos en México y que difundan campañas de gobiernos extranjeros podrán ser bloqueadas temporalmente por la agencia, el Estado se podrá reservar el espectro radioeléctrico, considerará un plan de licitación de espectro para servicios 5G y la Secretaría de Hacienda no sería ya la única dependencia federal que determina el precio del espectro radioeléctrico.

Solo por mencionar algunos números, el debate sobre la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no terminar con la brecha digital que se vive actualmente, afectaría a alrededor de 25 millones de mexicanos. Esta nueva tendría un impacto de sectores productivos con valor anual de 35,000 millones de dólares y con oferta de empleo directo para 302,000 familias.

Hoy por hoy, y a petición de la presidenta, el Senado pospuso la votación que tenía prevista para este lunes.

“Se ha decidido abrir, a partir del próximo lunes, un proceso de diálogo abierto, plural y constructivo con todos los actores económicos, sociales, académicos y técnicos involucrados e interesados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, informó el Senado.