‘Blitzkrieg’ de AMLO a la Corte | Artículo
La ministra Yazmín Esquivel inscribió sorpresivamente su proyecto de resolución para desechar el próximo miércoles la controversia constitucional en contra del acuerdo militarista que López Obrador emitió el 11 de mayo, escribe Alfredo Lecona.
Por Alfredo Lecona / @AlfredoLecona
Permítanme el término bélico, porque la militarización avanza.
La Blitzkrieg, (“Guerra relámpago”) es una táctica militar que consiste en realizar un ataque sorpresivo al enemigo, seguido de otro veloz y más agresivo aprovechando la confusión generada por el primero. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia será objeto de una Blitzkrieg emprendida por Andrés Manuel López Obrador.
El primer ataque, el sorpresivo, fue la solicitud de consulta popular que el Senado remitió a la Corte para calificar la constitucionalidad de la pregunta planteada por López Obrador sobre el juicio a 5 expresidentes de la República. No es que las instituciones involucradas en el trámite de una consulta popular para 2021 no deberían estar preparadas para recibir solicitudes del presidente, del Congreso o de la ciudadanía, pero la forma como se han presentado las cosas sirve, entre otros fines, para ejercer presión y confusión en el Alto Tribunal, que tiene en los escritorios de las ministras y ministros, asuntos fundamentales para el presidente.
El pasado jueves se dio a conocer el proyecto del ministro Luis María Aguilar, en el que calificó la pregunta del presidente como “un concierto de inconstitucionalidades” porque violaría derechos humanos de eventuales procesados y de las víctimas de atrocidades del pasado al negarles el acceso a la justicia si la pregunta fuera contestada negativamente, riesgo advertido por constitucionalistas, organizaciones y colectivos de víctimas desde el principio. Dicho proyecto será discutido el próximo jueves.
Pero mientras la opinión pública debatía la Consulta como un acto que abre la puerta a la impunidad, como un ejercicio electoral o como uno de memoria y pedagogía –y el presidente dirigía al ministro Aguilar insinuaciones de “¿quién lo puso?”–, el viernes por la noche, la ministra Yazmín Esquivel inscribió sorpresivamente su proyecto de resolución para desechar el próximo miércoles (un día antes de la discusión sobre la consulta), sin estudiarla, la controversia constitucional que el 19 de junio presentó la diputada Laura Rojas, como presidenta de la Cámara de Diputados, en contra del acuerdo militarista que López Obrador emitió el 11 de mayo, para usar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública inconstitucionalmente. Esquivel fue designada por el Senado de la República el 12 de marzo de 2019, a pesar de sus conflictos de interés y su actuar judicial a favor de su esposo, el ingeniero José María Rioboó (a quien López Obrador dio adjudicaciones directas por más de 170 millones de pesos como Jefe de Gobierno del Distrito Federal), cuando era magistrada en la Ciudad de México.
El segundo y más agresivo ataque en esta Blitzkrieg obradorista es el proyecto que, sorpresivamente, Esquivel enlistó el pasado viernes por la noche para ser discutido y votado el próximo miércoles, un día antes de que se vote el destino de la consulta popular.
El proyecto de Esquivel no solo es un favor al presidente, quien a través de su consejero “jurídico” promovió el recurso de reclamación en el que pide desechar la controversia de Laura Rojas sin analizar el fondo del asunto, también se trata de una maniobra contraria a los precedentes que el Pleno de la Corte ha fijado sobre el trámite de las controversias cuando provienen de quienes representan al Congreso, usando los absurdos argumentos que Dolores Padierna y otros legisladores de MORENA usaron en el Congreso para acusar a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados de no tener legitimidad para controvertir el acuerdo militarista.
La intención de la reclamación presidencial es que la Corte no analice y resuelva el fondo del acuerdo militarista de López Obrador, pues las ministras y ministros no podrían más que declararlo inconstitucional, al ser evidente que contradice la reforma constitucional que el año pasado creó la Guardia Nacional civil, con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. La reforma no solo creó ese cuerpo civil que López Obrador ha desnaturalizado al saturarlo de militares y marinos, lo que se aprobó en 2019 fue un plan de desmilitarización de 5 años, en el que las Fuerzas Armadas podrían participar en labores de seguridad pública, pero de forma acotada, extraordinaria y fiscalizada, no por la libre como hasta ahora. El acuerdo presidencial contradice todo lo anterior y el análisis constitucional de la Corte podría dejarlo sin efectos. Ese escenario, el más probable, es el que Esquivel y el presidente intentan evitar, a pesar de que López Obrador dijera, el pasado 26 de junio, que solo en las dictaduras hay pensamiento único y que estaba de acuerdo en que el poder judicial resolviera la Controversia.
Y así, con la espada de Dam(l)ocles pendiendo sobre la cabeza de las ministras y ministros por la cruzada obradorista que enfrentarán tras el inminente desechamiento de la consulta popular, la Blitzkrieg de López Obrador está en marcha, en una semana que será un punto de inflexión en la Corte, sobre su propia autonomía y las inconstitucionalidades de este gobierno que cada vez politiza más la justicia y confunde Constitución con plan de gobierno.
¿Cuántos ataques más podremos esperar si la Corte es debilitada, injusta y premeditadamente frente a tantos más asuntos prioritarios del gobierno que pasaran por la revisión de las ministras y ministros en los próximos meses?