La ley forestal vigente: obsoleta e inoperante

La actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, vigente desde el 2003, no ha contribuido a detener la degradación de los bosques, ni ha logrado detonar plenamente el potencial económico, ambiental y social que tiene el manejo forestal sustentable. Por el contrario, la producción forestal durante el periodo en que ha estado vigente la ley, ha disminuido casi a la mitad respecto a la que había antes de su entrada en vigor; la balanza comercial se ha vuelto fuertemente deficitaria, y la deforestación, proyectada a lo largo de todo el periodo, está en aumento.

Las empresas forestales comunitarias, que durante los últimos años del siglo XX y primeros del XXI crecieron y se integraron verticalmente en la cadena de valor forestal, se han estancado e incluso han retrocedido. Tal vez lo peor de la situación es que la ilegalidad en el mercado de madera ha crecido de manera considerable, y el cambio de uso de suelo para actividades ganaderas, agrícolas, mineras o para desarrollos inmobiliarios no ha cesado. Mucho poder se ha concentrado en pocas manos, entre ellas las de directores técnicos y consultores que de manera creciente deciden sobre el destino del territorio forestal de las comunidades.

El resultado es que los bosques se han degradado y los habitantes de los territorios forestales no han visto una mejora sustancial en sus medios de vida, cuando el recurso forestal manejado de manera cuidadosa, tiene el potencial de ser una fuente de bienestar permanente.

Uno de los principales problemas de la actual ley forestal es que está cargada con trabas y procedimientos burocráticos que, lejos de fomentar, obstaculizan el buen desempeño y la competitividad de los emprendimientos forestales. Las dificultades en la autorización de un plan de manejo, o los procedimientos para atender una plaga forestal, o bien los trámites para el transporte de los productos forestales, forman parte de una larga lista de obstáculos regulatorios al manejo forestal sustentable.

Otro de los problemas con la actual ley es que en lugar de promover y facilitar el desarrollo y la inversión en  emprendimientos forestales sustentables, ambiental, social y económicamente viables, prioriza la conservación pasiva a través de instrumentos y subsidios como el pago por servicios ambientales o el pago por jornales para la reforestación indiscriminada.

Es por esos y muchos otros motivos que durante años se ha buscado hacer una reforma integral a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Organizaciones civiles, productores, ejidos y comunidades, funcionarios, empresarios y académicos participaron en la elaboración de una propuesta de reforma integral. También hubo una fuerte participación del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal (CONAF), instancia legalmente reconocida para la participación de la sociedad en la elaboración de la política forestal de México.

El pasado 20 de septiembre, una fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados presentó para su dictamen una iniciativa para abrogar la actual ley forestal y sustituirla por una nueva. Esta iniciativa retoma muchos de los elementos y del proceso que se había venido gestando, e incorpora nuevos y muy diferentes elementos. Esto hace necesario que se abra un proceso de análisis y reflexión que garantice que la nueva ley tenga el mejor éxito y no se convierta en sólo en una ley más. Por otro lado, los tiempos políticos (final de sexenio, revisión de los presupuestos de ingresos y egresos, etc.) requieren que para tener éxito, este análisis se realice de manera expedita y eficaz.

Por todos estos motivos, varias organizaciones civiles, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF), Reforestamos México y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS),  que se preocupan y ocupan por la conservación y buen manejo de los bosques, y que han estado fuertemente involucradas en el proceso de elaboración de una nueva ley forestal, se han pronunciado por un diálogo con el legislativo, particularmente con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en el que se involucre al Consejo Nacional Forestal, a los ejidos y comunidades forestales, y a los principales interesados en la conservación y manejo de los bosques.  Buscan garantizar que la nueva ley forestal incluya y priorice de manera efectiva algunos temas cruciales,  tales como la promoción efectiva del manejo forestal comunitario, un manejo integrado del territorio donde confluyan las políticas públicas de diferentes sectores, el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios forestales, el incremento en la competitividad de las empresas forestales comunitarias y la inclusión de salvaguardas sociales y ambientales.

También se busca garantizar la conservación de los recursos naturales mediante su manejo. Para todo esto se requiere además una  revisión profunda del marco regulatorio para hacerlo ágil y confiable, y a la vez eliminar barreras de tal manera que se fomente el bienestar de los bosques, la producción forestal comunitaria sustentable, la rentabilidad y la competitividad de los emprendimientos forestales comunitarios.

Esperemos que esta vez el legislativo promueva un proceso ágil y participativo para sacar adelante esta nueva ley forestal que tanta falta hace para los bosques y su gente.