Informe anual de AI señala uso de Pegasus en México para ‘vigilancia ilegítima’ de activistas y periodistas

México tiene todavía múltiples temas pendientes, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI), como por ejemplo la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y feministas, y también en la represión con violencia.

“La cifra de homicidios de periodistas continuaba en niveles máximos, y muchas de las víctimas habían recibido medidas oficiales de protección. Al terminar el año se habían registrado más de 109.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas”, se lee en el informe anual de AI sobre el estado de los derechos humanos, en el apartado de México.

El 2022 resultó ser el más mortífero de la historia para la prensa nacional: al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio en posible relación con la labor que desempeñaban.

Además, en sus habituales conferencias de prensa matutinas el presidente criticó “duramente” a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil y muchos casos de homicidios a periodistas quedaron sin resolver.

El informe señala que tanto en El Salvador como en México “se documentó el uso del programa espía Pegasus para la vigilancia ilegítima de activistas y periodistas”.

“En octubre salieron a la luz nuevos casos de uso del programa espía Pegasus, en esa ocasión contra dos periodistas, un defensor de los derechos humanos y un político de la oposición”, apuntó.

“Esos hallazgos indicaban que había contratos entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y empresas relacionadas con ventas anteriores de Pegasus. Como respuesta a esas informaciones, el presidente afirmó que el gobierno no espiaba, sino que hacía labores de inteligencia”, sigue el informe.

“Ese mismo mes, el colectivo de activismo digital Guacamaya filtró información de diversos servidores pertenecientes a las fuerzas armadas que revelaba el seguimiento realizado a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional”, puntualiza.

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Asimismo, la organización informó que la militarización de la seguridad pública aumentó y la legislación consolidó la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028.

Esto en relación a la incorporación de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la autorización para que dicho cuerpo participe en operación de seguridad pública hasta 2028.

La Guardia Nacional, acusó AI, utilizó fuerza excesiva en varias de sus operaciones.

“La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información dificultaba a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”, escribió.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, entre enero y noviembre se denunciaron 3,450 asesinatos de mujeres. De ellos se investigaron como feminicidios 858.

En cuanto al uso excesivo de la fuerza, AI mencionó en su informe múltiples casos en diversos lugares del país en los que las fuerzas de seguridad del estado utilizaron su posición para cometer abusos e incluso asesinatos.

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“En agosto, en la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas), unos agentes de la Guardia Nacional dispararon contra un automóvil en el que viajaba una mujer con un niño y una niña; Heidi Mariana, de cuatro años, murió, y Kevin, su hermano de siete años, resultó herido”, por ejemplo.

En cuanto a las desapariciones forzadas, uno de los problemas más graves del país, AI afirmó que continúa la impunidad, y que el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 avanzó pero de nuevo se estancó.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hacía un seguimiento de los avances en el caso de Ayotzinapa, aseguró que hay injerencias.

La organización detalló que la acción del Gobierno de México contra la crisis climática no está siendo suficiente.

En concreto mencionó el avance en las obras del Tren Maya que afectan a la biodiversidad, incluso con un tramo cancelado por un juez.

En migración, uno de los temas más tratados a lo largo de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió la tercera cifra más alta de quejas por violaciones de derechos humanos (1,997 quejas) de todas las instituciones estatales, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ocupó el décimo puesto (333 quejas) de esa clasificación.

“Las autoridades mexicanas recluyeron a al menos a 281,149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98,299″, termina el apartado sobre México del informe anual de AI.

Consulta el informe completo:

Pol 1056702023 Spanish by Aristegui Noticias on Scribd

(Con información de EFE y Aristegui Noticias)